Amnistía internacional, preocupada por la falta de independencia judicial en Bolivia

La Paz, 24 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por la persistente falta de independencia judicial en Bolivia, según su informe anual divulgado este miércoles. También mencionó la inacción de las autoridades para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país andino durante el último año. AI recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia en marzo y expresó su preocupación «especial» por la falta de independencia del poder judicial respecto al Gobierno de Luis Arce. La máximas autoridades judiciales bolivianas se prorrogaron en sus puestos el pasado diciembre, después que el Senado no lograra convocar a las elecciones para sustituirlos, las cuales debían desarrollarse en 2023. La prolongación de las funciones de magistrados y jueces generó el descontento de varios sectores, en concreto organizaciones del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que realizaron 17 días de fuertes bloqueos en todo el país exigiendo que se realizaran las elecciones. El proceso para elegir a los candidatos que participarán en los comicios judiciales se encuentra en suspenso. El informe de Amnistía Internacional también subraya que «las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos», según denuncias de organizaciones ambientalistas. Señala en concreto el caso de la defensora Amparo Carvajal de 84 años, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), quien en junio emprendió una vigilia de 52 días en el exterior de las oficinas de la organización, después de que personas presuntamente vinculadas al MAS asaltarán las instalaciones. El cónsul español en Bolivia, Guillermo Gil, facilitó la evacuación negociada de los grupos que ocupaban las oficinas, poniendo fin a la vigila de Carvajal. Hasta la fecha la APDHB no ha retomado su actividad regular en el país. El informe remarca la publicación de la CIDH, que dio seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado boliviano para responder a las crisis política de 2019, la cual llevó a la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país, y en la cual al menos 37 personas fallecieron y centenares resultaron heridas por las fuerzas de seguridad. La CIDH reconoció algunos avances en el apoyo a las víctimas, pero dijo que las investigaciones sobre las violaciones graves de derechos humanos «habían avanzado poco y que no se había implementado un programa de reparación integral». Amnistía Internacional agregó sus preocupaciones por los daños de la minería no regulada a los pueblos indígenas, y las constantes agresiones de las fuerzas de seguridad a periodistas en varias protestas sociales.EFE eb/jam