Aplazada audiencia de apelación en caso del alcalde de Guayaquil por ausencia de Fiscalía
Quito, 2 mar (EFE).- La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y detenido por una presunta trama de lavado de activos y defraudación tributaria, quedó aplazada este lunes por la ausencia de la Fiscalía.
Pese a que fue notificado de la audiencia, el fiscal Dennis Villavicencio, encargado del caso ‘Goleada’, no se presentó y la audiencia de apelación fue declarada fallida.
«Increíble, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva dentro del caso Goleada, no asistió la Fiscalía. Una jugada asquerosa para dilatar el recurso», escribió en X Ramiro García, abogado de Álvarez.
Recordó que en la audiencia de este lunes también estaba previsto tratar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
«Se declara abandonado el recurso de apelación que presentó Fiscalía, por su no presentación y se realizará la audiencia en una fecha posterior para la apelación de la prisión preventiva. Simplemente Fiscalía no asistió sin excusa alguna, increíble que jueguen tan sucio», subrayó quien es también abogado de dos hermanos de Álvarez, igualmente en prisión preventiva por el mismo caso.
Los tres hermanos fueron detenidos junto a ocho personas más en el llamado caso ‘Goleada’, en el que la Fiscalía investiga la existencia de un presunto «entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero».
La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar de Álvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado ‘Triple A’, en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
Según el Ministerio Público, los once procesados en esta nueva investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener «beneficios económicos indebidos» mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.
Los hechos habrían ocurrido antes de que Álvarez llegara en 2023 a la Municipalidad de la ciudad más poblada y principal motor económico del país, de la manos de la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017). EFE
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