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Congreso rectifica y suspende a una congresista que recortó el sueldo a sus trabajadores

Lima, 14 mar (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este jueves una denuncia constitucional por la que suspendió en sus funciones a la legisladora María Cordero, después de haber sido denunciada por recortar el salario de sus trabajadores en el Legislativo, pese a que inicialmente los diputados votaron en contra de esta medida. Tras una sesión plenaria en la que el Parlamento rechazó inicialmente la inhabilitación y levantar la inmunidad de Cordero, los legisladores aprobaron reconsiderar esas votaciones y respaldaron con 56 votos la resolución legislativa que acusa a la congresista por el delito de concusión. Cordero está acusada de haber recortado hasta 80.000 soles (unos 21.800 dólares) en el salario de uno de sus trabajadores en el Legislativo. El expediente de la denuncia constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones, informó el Congreso en su cuenta de la red social X. De igual forma, el pleno aprobó la suspensión de Cordero mientras duren las investigaciones en su contra y acordó comunicar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se emita la credencial a su reemplazo (accesitario) en el Congreso. Cordero, elegida por la alianza fujimorista Fuerza Popular para un periodo que concluye en 2026, declaró ante el pleno que ya había sido sancionada por los mismos hechos con una suspensión de 120 días, pero que «esta vez se busca» que pierda el fuero parlamentario, para suspenderla indefinidamente, lo que consideró que vulnera sus derechos fundamentales y el debido procedimiento. «Me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia porque la injusticia extrema no es un derecho humanitario, debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes, un voto de conciencia porque todos somos iguales ante el Señor», expresó la congresista. La denuncia contra Cordero, apodada como «mochasueldos» (recorta sueldos), fue presentada por un extrabajador en el Parlamento que mostró audios de conversaciones con la congresista y recibos de transferencias bancarias para demostrar que fue presionado para retirar hasta el 50 % de su sueldo mensual para entregárselo a la parlamentaria, quien se quejaba de estar endeudada. Cordero pedía además a otros trabajadores regalos de joyas y perfumes, así como compras personales con los recursos de la caja chica de su despacho, según las denuncias publicadas por la prensa local. En el debate previo, el legislador Edwin Martínez dijo a sus colegas «¿cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso y cuántos han sido sancionados, cuántas irregularidades hemos cometido, a cuántos se ha sancionado?» para defender a Cordero de una inhabilitación. Martínez añadió que mejor dejen «que la Fiscalía haga su trabajo» ellos se dediquen legislar», palabras que generaron indignación en la opinión pública. En abril de 2023, la congresista fujimorista Martha Moyano presentó una denuncia constitucional contra Cordero por la presunta comisión del delito de concusión, además de infracción a la Constitución y al Código Penal peruano. El delito de concusión contempla de 2 a 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial. En su denuncia, Moyano pidió que el Congreso aplique, «por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años».EFE mmr/gdl/eat

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