Correísmo impulsa reformas para mejorar respuesta estatal ante desapariciones en Ecuador
Guayaquil (Ecuador), 23 mar (EFE).- El correísmo, la principal fuerza de oposición en Ecuador, presentó este lunes en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto para reformar la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas, con el objetivo de que mejore la respuesta estatal ante casos de desapariciones.
El proyecto plantea la activación inmediata y automática de los protocolos de búsqueda, sin necesidad de cumplir requisitos previos ni esperar plazos, estableciendo un tiempo máximo de 30 minutos para que instituciones como la Policía, la Fiscalía y el servicio de videovigilancia ECU-911 inicien las acciones correspondientes tras la recepción de la denuncia, señaló la Asamblea en un comunicado.
Asimismo, propone la incorporación de nuevas definiciones y categorías que permiten una mejor clasificación de los casos, incluyendo la desaparición de alto riesgo, desapariciones vinculadas a delitos y aquellas ocurridas en zonas geográficas peligrosas, las cuales serán tratadas de forma prioritaria desde el primer momento.
La asambleísta Ana Herrera, encargada de ingresar el proyecto en el Legislativo, señaló que con las reformas buscan cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que el pasado 10 de marzo declaró que cuatro menores afrodescendientes detenidos de manera irregular por militares en 2024, y posteriormente asesinados, fueron víctimas de desaparición forzada.
El alto tribunal ordenó que el Estado reconozca su responsabilidad y emita disculpas públicas por el hecho, y que, entre otras medidas, se realicen modificaciones a esta normativa, con el fin de incorporar procedimientos específicos para la atención inmediata de presuntos casos de desaparición forzada.
«Creemos que lo que ocurrió con los cuatro niños de Las Malvinas no puede ni debe ser olvidado», dijo Herrera en referencia al mayor caso de desapariciones registrado bajo el «conflicto armado interno» decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, y el primero que llegó a una sentencia, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 33.
Un total de 16 militares fueron condenados en diciembre pasado a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de los menores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ese mismo mes medidas cautelares a 26 personas desaparecidas desde 2024, tras ser presuntamente detenidas por las Fuerzas Armadas.
El proyecto presentado este lunes también contempla la implementación de una alerta nacional de personas desaparecidas, como mecanismo de difusión inmediata y obligatoria a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el fin de agilizar la localización en casos de alto riesgo, entre otras reformas. EFE
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