Corte Suprema de Chile admite recurso que busca anular juicio contra líder radical mapuche

Santiago de Chile, 6 jun (EFE).- La Corte Suprema de Chile declaró como admisible el recurso con el que el líder radical mapuche Héctor Llaitul busca anular la pena a 23 años de cárcel a la que fue condenado por delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

Según publicó ese jueves la prensa local, la Corte Suprema deberá determinar ahora, sin un plazo aún establecido, si acoge o rechaza la solicitud judicial presentada por Llaitul, que pretende anular el juicio en su contra y por el cual el dirigente mapuche inició el pasado lunes una huelga de hambre en la cárcel de Concepción.

A través de un comunicado, «exigió» la revisión de su caso por parte del máximo tribunal chileno, apuntando a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en su contra como a “la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga e injusta condena”.

Llaitul pidió “condiciones carcelarias dignas y de respeto a los derechos humanos de los presos políticos mapuche” y “la libertad” de sus hijos Ernesto y Pelentario Llaitul, ambos en prisión preventiva e imputados por diversos delitos, en causas separadas, en las regiones sureñas del Biobío y La Araucanía.

De 56 años, el dirigente mapuche encabezaba la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la agrupación indigenista más relevante de las últimas décadas en Chile que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país.

Su detención y posterior encarcelamiento se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del hoy fallecido Sebastián Piñera (2018-2022), tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año mientras se juzgaba a otro militante de la CAM.

En julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la Administración del progresista Gabriel Boric, el Gobierno decidió ampliar la querella.

En el sur de Chile, las regiones de La Araucanía y el Biobío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques, considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

Boric, que durante su campaña prometió la desmilitarización de la zona, implementada por Piñera, su predecesor, decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el Ejército desplegado en la región bajo el argumento de que han disminuido los delitos de violencia rural en la zona.

Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida. EFE

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