Iberoamérica consensúa su declaración más sanitaria y medioambiental
Soldeu (Andorra), 21 abr (EFE).- Iberoamérica consensuó este miércoles, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de Andorra, su declaración conjunta más sanitaria y medioambiental.
En un texto de 72 puntos y doce apartados al que tuvo acceso Efe, los países de la región formada por los 19 de América Latina, España, Portugal y Andorra, abogaron por el “fortalecimiento del multilateralismo” y urgieron a la “comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de forma más equitativa y solidaria”.
“Los efectos devastadores de la pandemia requieren una respuesta global, coordinada, solidaria y mancomunada, que enfrente el gran reto de la reconstrucción inclusiva y resiliente de nuestras economías, y afiance el desarrollo sostenible y principalmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, coordinaron los países.
Asimismo, defendieron el derecho a la salud a través del “acceso, la compra y la distribución de las vacunas, instrumentos preventivos, pruebas de laboratorio, reactivos y materiales de apoyo, suministros médicos esenciales, nuevos diagnósticos y medicamentos a precios accesibles”.
En esa misma línea, también pidieron evitar “el acaparamiento” de las dosis por parte “de los países que tienen mayor poder o influencia económica, para que no prevalezcan, de este modo, los intereses financieros sobre la salud pública”.
AFIANZAR COVAX Y “PROPUESTAS FLEXIBLES” SOBRE PATENTES
Una de las grandes cuestiones de esta Cumbre, el acceso a las vacunas por parte de los países, también centró gran parte del acuerdo final de la cita.
Los 22 países insistieron en propiciar una “distribución urgente y equitativa de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos que lleva adelante la alianza de colaboración mundial COVAX”, donde están comprometidos 190 países bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones multilaterales.
Manifestaron su “disponibilidad a tomar como referencia” la Declaración de Doha de 2001 sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública, que afirma que dichos derechos no deben impedir que los países adopten medidas para proteger la salud.
La adopción de dicha declaración podría abrir la puerta a una hipotética liberalización de patentes de vacunas durante el tiempo que dure la pandemia, que no se concretó ni en las discusiones de la Cumbre ni en el texto.
Por otro lado, consideraron que los organismos multilaterales de financiamiento para el desarrollo “deben ser fortalecidos para lograr un mayor impacto ante las crisis multidimensionales”, y contribuir al desarrollo sostenible, a través del acceso “justo e inclusivo a mecanismos innovadores y efectivos de financiación y otras modalidades de cooperación”.
Llamaron la atención sobre la necesidad de “mantener el diálogo con los mercados y las instituciones financieras internacionales con el fin de flexibilizar los criterios de elegibilidad, los mecanismos y procesos de desembolso y de pagos, e implementar medidas para el tratamiento de la deuda externa”.
Acordaron promover la adopción de “un marco multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incorpore la particularidad de la situación provocada por el COVID-19” al que puedan adherirse “las agencias calificadoras, para evitar que las rebajas de la calificación crediticia supongan un agravamiento adicional de la situación”.
UNA SALIDA VERDE A LA CRISIS
Los estados reconocieron que tras cinco años de la aprobación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, “los datos demuestran que es necesario intensificar el esfuerzo global” para cumplir con las metas.
Así, pidieron “una respuesta internacional coordinada y un mayor impulso en los compromisos en materia de mitigación, adaptación y en los medios de implementación”, así como un “incremento sustantivo” en los recursos financieros según el “principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”.
Analizaron que la pandemia “ha evidenciado la relación entre las crisis sanitarias y la crisis medioambiental” así como “el manejo inadecuado de los hábitats naturales, el comercio ilegal de especies y la pérdida de biodiversidad” que “aumentan el riesgo de epidemias provenientes del reino animal y la fauna silvestre”.
“La disminución de superficie de los ecosistemas naturales, así como los efectos de la contaminación y el cambio climático, representan un enorme coste social, económico y sanitario”, afirmaron.
En ese sentido, aseguraron que la recuperación económica “debe integrar la dimensión medioambiental sin que el impacto de la pandemia frene la capacidad de los Gobiernos y de los demás actores relevantes, incluyendo el sector privado, para asignar recursos a la promoción de un desarrollo sostenible inclusivo”. EFE
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