Denuncian en la Eurocámara el acoso a jueces en Guatemala

Bruselas, 31 mar (EFE).- Jueces y defensores de derechos humanos denunciaron este jueves ante una comisión del Parlamento Europeo la intimidación que sufren en Guatemala, una “intimidación continua” que ha constatado también la Unión Europea (UE).

La Delegación para las Relaciones con los Países de América Central de la Eurocámara celebró una sesión dedicada a la situación del Estado de derecho y los derechos humanos en Guatemala, centrada principalmente en la intimidación de miembros del poder judicial, un asunto sobre el que el pleno del Parlamento Europeo espera aprobar una resolución la semana próxima.

Los eurodiputados escucharon testimonios de una jueza que se ha visto obligada a abandonar su cargo por amenazas, así como a una organización de apoyo a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.

El responsable de la división para México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Van de Velde, destacó las relaciones amistosas con Guatemala y agradeció a ese país que haya apoyado a la UE en la “firme condena” de la invasión rusa de Ucrania.

No obstante, destacó que, “como amigos, debemos podernos hablar con franqueza y, a veces, criticarnos mutuamente”, y señaló que “observamos con preocupación la presión creciente en el sector judicial” en ese país, en concreto “campañas de amenazas e intimidación” a los jueces.

“Constatamos que esa continua intimidación ha llevado a más de 20 jueces, fiscales y abogados a exiliarse, sobre todo a Estados Unidos. Es difícil no ver una tendencia aquí”, comentó.

El alto funcionario comunitario se refirió así a que al menos quince funcionarios de la Justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a exiliarse debido a que, según ha afirmado la mayoría, han sufrido «criminalización» en su contra por parte de la fiscal general.

La mayoría de los exiliados son fiscales que participaron en el combate anticorrupción en Guatemala que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte del Gobierno guatemalteco.

La presidenta de esta delegación parlamentaria, la luxemburguesa Tilly Metz, expresó por su parte la “preocupación” del Parlamento Europeo y confió en “ver cómo trabajar conjuntamente para que se aplique el Estado de derecho” ya que, “cuando se respeta, hay también confianza desde el exterior, también de los inversores”.

En su opinión, es “esencial” que se produzca una visita de una delegación de eurodiputados a Guatemala: “Será un paso importante par poder construir conjuntamente un futuro mejor”, dijo sobre un viaje que también respaldó el eurodiputado liberal Javier Nart.

La reconocida jueza Erika Aifán Dávila también intervino en la sesión, por teleconferencia, y explicó cómo se tuvo que exiliar y abandonar su puesto porque, según dijo, el Estado guatemalteco no aplicó las medidas cautelares decretadas para que pudiera ejercer su profesión sin presiones y con seguridad.

Aifán llevaba 19 años en el Organismo Judicial, incluidos seis en una corte de alto riesgo, y durante ellos tuvo a su cargo varios casos de alto perfil, incluida la imputación de cinco miembros de la élite empresarial de Guatemala en 2018 por financiar ilícitamente la campaña política y llegada a la presidencia del comediante Jimmy Morales (2016-2020).

Ante los eurodiputados, denunció persecución “bajo órdenes de la propia fiscal general”, así como “indicadores de que Guatemala se está convirtiendo en un país controlado por las mafias”.

Igualmente por videoconferencia, el director de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras en Guatemala (UDEFEGU), Jorge Santos, consideró que ese país da “signos de Estado autoritario”.

El representante de esa asociación alertó de un “retroceso excesivo del conservadurismo” y del “incremento de la violencia”, así como de “actos de represión contra personas defensoras de los derechos humanos”.

Santos pidió asimismo sanciones contra los funcionarios guatemaltecos que “contribuyen a ese clima de agresión”.

Por último, el embajador de Guatemala ante la UE, José Gabriel Lambour, dejó claro que el Ministerio Público “actúa sin estar subordinado” a las instituciones políticas y aseguró que es “totalmente independiente de cualquier poder del Estado”.

Lambour repasó las medidas que está tomando el Gobierno de su país para apoyar a los jueces, manifestó que se están investigando las alegaciones de acoso, que el Estado de Guatemala toma “con seriedad”, y afirmó que, “en el marco de la ley, se están haciendo las investigaciones por las denuncias impuestas”.

“Nuestro marco legal establece que ninguna persona es superior a la ley y debe supeditarse a esta, independientemente del cargo que ocupe”, concluyó. EFE

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