Dos años bajo el cerrojo legal que mutó el ADN político, social y cultural de Hong Kong
Mar Sánchez-Cascado
Hong Kong, 23 mar (EFE).- La Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de Hong Kong, conocida como Artículo 23, cumple este lunes dos años en vigor con un pluralismo político extinguido, el espacio cívico drenado y una lógica penal que ha extendido el radio de sospecha hasta alcanzar la protesta, la memoria histórica y, en algunos casos, a la familia de disidentes en el exilio.
La norma amplió el andamiaje de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) impuesta por Pekín en junio de 2020 con nuevas categorías delictivas como traición, insurrección, sabotaje e interferencia externa, con penas que alcanzan la cadena perpetua.
Pero no se limitó a tipificar nuevos crímenes, elevó el plazo de detención sin cargos y facultó a la policía para restringir el acceso a abogados durante los interrogatorios, una prerrogativa sin precedentes en el sistema jurídico local.
Amnistía Internacional, que analizó 255 casos tramitados entre 2020 y mayo de 2025, concluyó que más del 80 % de los condenados fueron criminalizados «injustamente». Al 90 % de los procesados se les denegó la libertad bajo fianza, permaneciendo en prisión preventiva una media de 11 meses antes de juicio.
El caso Lai
El termómetro más preciso del cambio es la condena a 20 años de prisión del magnate mediático Jimmy Lai, fundador del clausurado Apple Daily.
Un tribunal sin jurado, ante magistrados designados para causas de seguridad nacional, lo declaró culpable en febrero de «conspiración para coludir con fuerzas extranjeras» y de publicar material sedicioso, en un proceso que se prolongó dos años.
A sus 78 años, la fecha más temprana posible de excarcelación sin reducciones de condena sería 2044. La acusación presentó como pruebas editoriales periodísticas, reuniones con políticos occidentales y actividad en redes sociales, fijando un perímetro acusatorio cuya amplitud ha generado inquietud en círculos jurídicos internacionales.
Familiares como rehenes
La ordenanza dio un salto cualitativo cuando Kwok Yin-sang, padre de la activista exiliada Anna Kwok, fue sentenciado a ocho meses de prisión por intentar retirar una póliza de seguro de vida que él mismo contrató para su hija cuando esta tenía dos años.
Se trató de la primera condena dictada contra un familiar directo de un disidente «fugitivo» en virtud de la nueva norma.
Hong Kong Watch calificó el veredicto de «escalada perturbadora y nuevo mínimo para el estado de derecho». Las autoridades mantienen órdenes de detención con recompensas contra 34 activistas exiliados, entre ellos la propia Anna Kwok, directora del Consejo de Democracia de Hong Kong en Washington.
Campus, cultura y cenizas
La presión ha permeado las capas más profundas de la sociedad civil. Según los últimos reportes, la Universidad China de Hong Kong —histórico bastión del activismo— perdió su última asociación estudiantil independiente, disuelta en enero tras rechazar registrarse ante la policía.
El control estatal se consolidó también sobre la industria creativa. Entre 2021 y 2025, el regulador cinematográfico local impuso recortes en medio centenar de películas y vetó la proyección de otras 13 alegando motivos de seguridad nacional.
Estas decisiones, ejecutadas sin posibilidad de recurso legal, marcan un precedente de censura administrativa que ha transformado el ecosistema cultural hongkonés.
La estrecha vigilancia sobre el discurso civil quedó evidenciada tras el trágico incendio del complejo Wang Fuk Court del pasado noviembre, que se cobró 168 víctimas.
El suceso derivó en un nuevo episodio de persecución política cuando un estudiante universitario, impulsor de una petición ciudadana para exigir la rendición gubernamental de cuentas, fue arrestado bajo sospecha de sedición.
El activista, actualmente en libertad bajo fianza, personifica como la fiscalización de la gestión pública puede ser tipificada como desafío al orden estatal, consolidando un clima de cautela y autocensura en la excolonia.
Legislatura sin oposición
El desmantelamiento del ecosistema político prodemócrata en Hong Kong alcanzó su punto de inflexión definitivo tras las elecciones legislativas del pasado diciembre, marcadas por la ausencia total de candidaturas opositoras.
Una semana después, el histórico Partido Democrático —referente del bloque liberal desde 1994 y que llegó a ostentar trece escaños en su periodo de máxima influencia— ratificó su disolución con el respaldo del 97 % de los sufragios internos.
Diversos cuadros del partido habrían recibido advertencias explícitas sobre las consecuencias legales y personales de no proceder al cierre de la estructura partidista, según medios locales, lo que apunta a una estrategia de «disolución inducida» para evitar procesos penales adicionales.
Balance de autoridades
Las autoridades exhiben como principal indicador de éxito una reducción del 5,9 % en el índice de criminalidad general durante 2025, cifra que utilizan para sostener el discurso oficial de que el nuevo marco ha devuelto la estabilidad y la paz social a Hong Kong. EFE
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