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La batalla por salvar de las sanciones a la población enferma

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Illustration: Helen James / SWI swissinfo.ch

Los bancos —por miedo a incumplir las normas— se muestran reticentes a tramitar fondos a los regímenes castigados; lo cual suele acarrear consecuencias dramáticas para la población local. Suiza ha intentado abordar este problema en Irán y Afganistán, pero los resultados son escasos.  

Tras visitar Afganistán como director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Dominik Stillhart, en otoño de 2021, escribió:Enlace externo “Estoy lívido”. Al final de su visita de seis días al país se expresó así en el sitio web del CICR: “Las imágenes vistas desde lejos de criaturas en los huesos provocan, con razón, expresiones de horror”.

“Cuando estás de pie en la sala de pediatría del hospital más grande de Kandahar, mirando los ojos vacíos de criaturas hambrientas y los rostros angustiados de padres [y madres] desesperados, la situación es absolutamente exasperante”, dijo.

Dominik Stillhart en rueda de prensa
Dominik Stillhart, director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), denunció la falta de ayuda humanitaria canalizada hacia Afganistán. Keystone / Martial Trezzini

¿Cuál era el problema? La falta de dinero. Meses antes, los talibanes habían entrado en Kabul y tomado el control de las instituciones estatales. El grupo extremista había estado sometido a sanciones de la ONUEnlace externo desde los años 90 y —tras los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense— Estados Unidos lo había catalogadoEnlace externo como organización terrorista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en agosto de 2021, congeló Enlace externo7.000 millones de dólares en activos que el banco central afgano tenía en Nueva York.

A medida que las condenas proliferan en todo el mundo, su impacto —a menudo desastroso— en los servicios sanitarios atrae cada vez más la atención de gobiernos, personal académico y organizaciones humanitarias. El Gobierno suizo en 2020 puso en marcha una iniciativa para facilitar la entrega a Irán de medicamentos. Y Suiza también alberga un fondo de activos congelados que podría utilizarse para ayudar a la población enferma de Afganistán. Pero sigue siendo difícil encontrar soluciones al viejo problema —de décadas— de las sanciones y la sanidad. 

“Las sanciones a los servicios bancarios están provocando una caída libre de la economía y están frenando la ayuda bilateral”, escribió Stillhart, señalando que el CICR había intervenido para ayudar a evitar que el sistema de salud pública de Afganistán colapsara por completo. “Es tan exasperante porque este sufrimiento está causado por el ser humano. Las sanciones económicas destinadas a castigar a quienes están en el poder en Kabul están privando, por el contrario, a millones de personas en todo Afganistán de lo básico que necesitan para sobrevivir”.

Centro de rehabilitación de la Cruz Roja en Kabul
Centro de rehabilitación de la Cruz Roja en Kabul. Afp Or Licensors

Polémica por las sanciones 

El impacto de las sanciones en la salud pública saltó a los titulares por primera vez en la década de 1990, cuando la ONU —durante la Guerra del Golfo de 1991— sometió a Irak a un embargo. Un informe del Fondo de la ONU para la Infancia, Unicef, publicado en 1999 estimaba que, en las zonas del país controladas por el Gobierno, la mortalidad infantil se había duplicadoEnlace externo desde que comenzó la guerra. 

Se decía muy a menudoEnlace externo que las sanciones habían provocado la muerte de medio millón de niños y niñas en Irak y a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright, en aquel momento se le escuchó decirEnlace externo que era una decisión difícil, pero un precio que merecía la pena pagar. Un estudio publicado casi dos décadas después en la revista médica British Medical Journal on Global HealthrebatióEnlace externo las cifras de mortalidad infantil, alegandoEnlace externo que el régimen de Saddam Hussein las había manipulado para conseguir que se levantaran las sanciones. 

Este episodio demuestra la carga política que supone el hecho de intentar medir el impacto que las sanciones tienen sobre la disponibilidad de tratamientos médicos y la salud pública en general, ya que la clase dirigente de los países castigados tiene un incentivo para culpar del sufrimiento de la población civil a otros Estados y desviar la atención de su propia mala gestión.

La crisis humanitaria de Irak provocó un distanciamientoEnlace externo de las sanciones globales. En la actualidad la ONU —con medidas que incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar o el embargo de armas— se dirige a personas individuales u organizaciones. Pero, aun así, esto no deja fuera de peligro a la población civil, en parte porque —desde mediados de la década de 2000— algunos Estados occidentales comenzaron a aplicar sus propias sanciones de manera unilateral y al margen de la ONU. En el punto de mira están sectores críticos, como el del petróleo, las compañías navieras y los bancos implicados en el comercio.    

Una estación de racionamiento en Bagdad en 1998
Una estación de racionamiento en Bagdad en 1998. Ap / Peter Dejong

Un grupo de investigación del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra [Geneva Graduate Institute] en un documentoEnlace externo publicado en noviembre de 2020 constató que “en todas las jurisdicciones sancionadas, la mala gestión y la corrupción de los gobiernos locales contribuyen al deterioro de las condiciones humanitarias”. Del mismo modo mantienen: “Las pruebas apuntan claramente a un empeoramiento constante de la situación humanitaria debido a la generalización de las sanciones; las sanciones selectivas, precisamente, se diseñaron para evitar ese escenario”.   

El equipo de investigación descubrió que —a pesar de las exenciones para bienes críticos—, a los países fuertemente sancionados les resulta difícil comprar medicinas porque la mayoría de los bancos internacionales, que procesan la financiación, han ido reduciendo el riesgo de sus operaciones. En el caso de las sanciones contra Irán, “la aversión demostrada por los bancos a administrar pagos […] ha creado un cuello de botella en el comercio de bienes vitales, lo que ha interrumpido la cadena de suministro desde los fabricantes extranjeros hasta las personas enfermas, en particular para los medicamentos más avanzados”, indica el documento.

Para intentar solucionar el cuello de botella en el suministro de medicamentos, el Gobierno suizo ha creado un canal de pago especialEnlace externo para los suministros médicos a Irán. En virtud de este mecanismo establecido en 2020, las empresas exportadoras y los bancos informan a la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) de sus actividades comerciales previstas y de quiénes son sus socios en Irán. La SECO verifica la información y la comparte con el Departamento del Tesoro de EE. UU., que entonces emite garantías de que la transacción puede procesarse de acuerdo con la legislación estadounidense.

El canal comenzó con un pago piloto de 2,3 millones de eurosEnlace externo para enviar de Suiza a Irán fármacos contra el cáncer. No obstante, desde entonces, solo se han realizado otras cinco transacciones, con lo que —según cifras facilitadas por la SECO a SWI swissinfo.ch— el valor total transferido asciende a 5,1 millones de euros.

Sin dinero para medicinas

Cuando se impusieron sanciones a Afganistán, muchas de las organizaciones humanitarias que financiaban los servicios sanitarios del país suspendieron su ayuda, dejando a los hospitales sin dinero para comprar medicamentos. A finales de 2021, el país se había convertidoEnlace externo en la mayor crisis humanitaria del mundo.

En un intento de aliviar el sufrimiento de la población civil y permitir que los donantes internacionales volvieran a intervenir, en diciembre de 2021, la ONU aprobóEnlace externo la exención de las sanciones relacionadas con Afganistán. Estados Unidos adoptóEnlace externo una serie de licencias generales para autorizar las actividades humanitarias, las remesas y la exportación de tratamientos médicos.

Así, para permitir que las organizaciones de ayuda funcionaran en medio de una grave crisis de liquidez,Enlace externo la ONU empezó a enviar al país dinero en efectivoEnlace externo: 1.800 millones de dólares en 2022, y otros 880 millones entre enero y mediados de junio de 2023.

Un estudio del Consejo Noruego para la población refugiada publicado en marzo de este año concluyeEnlace externo, sin embargo, que la falta de voluntad de los bancos internacionales para tramitar la financiación sigue obstaculizando los esfuerzos para ayudar a que el país pueda acceder a los medicamentos. Según el informe, las ideas erróneas generalizadas sobre lo que las empresas pueden y no pueden hacer —en virtud de las sanciones contra los talibanes— impiden que estas se comprometan con Afganistán y dificultan que el sector privado se recupere tras el colapso económico.

Más de dos años después de estallar contra la crisis sanitaria de Afganistán, Dominik Stillhart ve poco margen para el optimismo en este momento. Stillhart, que ahora es el jefe del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria, en julio manifestó a SWI swissinfo.ch que “el sector sanitario en Afganistán sigue en malas condiciones. El acceso a la atención sanitaria es especialmente limitado en las zonas rurales”.

Aunque las autoridades de facto han conseguido estabilizar los servicios públicos a un nivel bajo, “que haya demasiado poco dinero en efectivo en la economía sigue siendo un gran problema”, dijo Stillhart. Los hospitales siguen dependiendo por completo de la ayuda internacional. “En principio, las organizaciones humanitarias no deberían tener que sostener un sistema a largo plazo. Pero ningún gobierno proporcionará fondos a los talibanes”. 

Suiza está desempeñando un papel crucial en la recuperación de la economía afgana y en la reapertura del acceso a las medicinas. Se han transferido 3.500 millones de dólares —la mitad de los activos afganos que Estados Unidos congeló después de que los talibanes tomaran el poder— a una cuenta bancaria en Basilea que administra el Fondo para el Pueblo AfganoEnlace externo, una fundación con sede en Ginebra. Este fondo podría ayudar a largo plazo a estabilizar el sistema sanitario afgano, pero las sanciones y las consideraciones de riesgo siguen ocupando un lugar central en el corto plazo.

En una reunión celebrada en junioEnlace externo, el consejo directivo “debatió finalizar la selección de un proveedor de servicios para ayudar con los procedimientos de diligencia debida y controles relacionados con los pagos”. Pero en octubre la secretaria ejecutiva del fondo, Andrea Dall’Olio, declaró a SWI swissinfo.ch que el fondo aún “no podía anticipar una fecha exacta para el pago”.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo

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