Suiza avanza en la lucha contra la corrupción internacional, pero puede mejorar
En los últimos cinco años, los tribunales federales han condenado a once personas y siete empresas por haber sobornado a funcionarios públicos extranjeros. Las cifras son modestas aún, pero aumentan. La OCDE está satisfecha, pero los expertos advierten que persisten deficiencias en el sistema que pueden corregirse.
Un día de junio de 2021. En la sala de audiencias del Tribunal Penal Federal (TPF) de Bellinzona, un banquero de Bahréin responde a las preguntas del juez, el fiscal y los abogados de la National Oil Corporation (NOC), la compañía petrolera nacional libia que presidió a su padre de 2006 a 2011. MG, hijo de un exhombre clave en el régimen libio de Mohamed Gaddafi, es acusado por el Ministerio Público de la Confederación (MPC) de complicidad en la corrupción pasiva de agentes públicos extranjeros.
En el centro del caso está una transferencia de 1,5 millones de dólares realizada en 2007 a la cuenta suiza de una empresa extraterritorial del imputado. Para la acusación, el dinero es producto de un soborno cobrado por haber facilitado, a través de su padre, una alianza estratégica entre NOC y la multinacional noruega Yara, que quería establecerse en Libia. Para la defensa, el hombre es inocente, porque solo ofreció asesoramiento y Suiza no tiene jurisdicción territorial para procesar este caso. A principios de este mes de julio, el TPT lo declaró “culpable de soborno pasivo a funcionarios extranjeros”.
El banquero es una de las pocas personas que han sido condenadas en Suiza desde la introducción, en el año 2000, de una nueva norma penal relativa al soborno de funcionarios públicos extranjeros. Un hecho excepcional, aunque cada vez más frecuente en los últimos años.
Un país expuesto a la corrupción extranjera
“Suiza ocupa una posición de liderazgo, a veces incluso dominante, en sectores económicos que juegan un rol decisivo en su economía, pero que la exponen a elevados riesgos de soborno en el extranjero”, refiere un informeEnlace externo sobre Suiza publicado por la OCDE en 2018. Uno de estos sectores es el de las materias primas. Las empresas activas en esta industria están en constante contacto con las autoridades y empresas públicas de países que son particularmente vulnerables.
Otro sector de alta exposición es el financiero, como lo demuestra la implicación de varios bancos suizos en escándalos de corrupción internacionales. En 2019, el Grupo de Coordinación Interdepartamental para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GCBF) publicó un informeEnlace externo, según el cual la corrupción de funcionarios públicos de otros países suele ser el delito previo al lavado de dinero. Y en el caso de Suiza, es una de las amenazas que más pesan sobre su plaza financiera.
Pocas condenas
Desde el año 2000 hasta la fecha, menos de 20 personas han sido condenadas por soborno a funcionarios públicos extranjeros. “Esto es un gran problema, ya que las cifras reales de corrupción son mucho mayores”, asegura Martin Hilti, director de Transparencia Internacional Suiza. El experto considera que hay múltiples explicaciones a estas exiguas cifras. “La corrupción es una práctica oculta y difícil de evidenciar; muchas veces los fiscales carecen de la sospecha inicial para abrir una investigación. Además, no es fácil probar el delito de corrupción, especialmente cuando se ha cometido en un país extranjero, porque para ello se requiere asistencia judicial internacional que no siempre es viable entre los países afectados”, añade.
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La restitución del dinero público robado es un acto de sanación
Entre las personas que han sido condenadas hasta hoy figuran ejecutivos de empresas suizas y extranjeras, un intermediario, un abogado mercantil, un operador financiero y un comerciante de petróleo. El sector de las materias primas es uno de los más afectados por estos fallos de la justicia, especialmente el negocio del petróleo. A David Mühlemann, experto de la oenegé Public Eye, no le sorprende: “El de las materias primas es un sector de alto riesgo, pero las pocas condenas registradas no reflejan la magnitud real del fenómeno. Una de las peculiaridades de la corrupción es que todos los implicados buscan la confidencialidad. Por lo tanto, las cifras estimadas están muy por debajo de la realidad”.
Además de los casos que involucran a personas, el MPC también ha aumentado el número persecuciones a empresas que no impiden los actos de corrupción. Desde la condena de Alstom Network Schweiz en 2011, han seguido otras: Nitrochem, Odebrecht, Dragado Ambiental y Marina Ingeniería, KBA Notasys, Gunvor y Andrade Gutierrez. Y hay investigaciones en curso contra bancos y multinacionales, como Glencore, Sicpa y SBM Offshore.
Pero el trabajo del MPC no logra resultados unánimes. “Es peor la situación cuando se trata de personas jurídicas que cuando son personas físicas”, dice Martin Hilti. Según el director de Transparencia Internacional Suiza, autor de un informe recienteEnlace externo sobre la persecución penal de personas físicas, “debido a la dificultad para reunir las pruebas necesarias, los fiscales dependen a menudo de la colaboración de las propias empresas infractoras para conseguir que respondan penalmente por sus actos”. Sin embargo, “las autoridades no han agotado aún al máximo las posibilidades que ofrece la ley para animar a las empresas a denunciar y cooperar”, sostiene Hilti.
Esta crítica figura también en el último informe de la OCDE sobre el tema. Patrick Moulette, responsable de la lucha anticorrupción de esta institución, refiere que se sigue pidiendo a Suiza que “aumente la multa máxima prevista para empresas culpables de corrupción internacional”. Una penalización que actualmente es de máximo 5 millones de francos.
OCDE: un balance positivo
Once de las condenas se han dictado en los últimos cinco años. El informe de la OCDE sobre SuizaEnlace externo destaca la evolución positiva que existe y expresa su “satisfacción” con respecto a las condenas pronunciadas. Pero subraya también que aún es muy alto el número de investigaciones cerradas comparado con el número de casos en curso o concluidos. La organización con sede en París destaca “la acción constante del MPC”. Pero pide a Suiza “redoblar esfuerzos para instrumentar el delito de cohecho en el extranjero”
El jefe de la División Anticorrupción de la OCDE, Patrick Moulette, confirma los hallazgos a SWI swissinfo.ch. “Hemos reconocido en repetidas ocasiones el desempeño de Suiza en la lucha contra los sobornos en el extranjero. Gracias a la acción del MPC, Suiza es uno de los países más activos en este campo”. Pero Moulette considera que Suiza debe intensificar sus esfuerzos y poner en marcha otras recomendaciones del Grupo de Trabajo especializado en el tema. Especialmente las destinadas a fortalecer el marco legal que protege a los denunciantes.
Sentencias leves y órdenes penales
“Cuando los casos conducen a una condena, la sentencia suele ser indulgente. Por lo tanto, no resulta realmente disuasoria”, dice David Mühlemann. Los expertos de la OCDE también han encontrado que las sanciones impuestas a individuos en casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros “plantean serias dudas sobre su efectividad, proporcionalidad y capacidad disuasoria”. La pena máxima prevista en el Código Penal es de cinco años, pero muy pocas personas son condenadas a una detención efectiva. Por regla general, se las condena a una pena de prisión suspendida o una pena pecuniaria.
“Es una práctica [común] cuando hay delitos financieros que involucran a personas que se enfrentan a la justicia por primera vez. Esto se debe a que la mayoría de las condenas por soborno a funcionarios públicos extranjeros se dictan por vía penal, limitando así el alcance de la condena”, explica Katia Villard, ayudante de cátedra de la Universidad de Ginebra. Para la experta, el recurso de las ordenanzas penales en los delitos económicos es un arma de doble filo. “Por un lado, la acción de las autoridades penales es más rápida y menos costosa; por el otro, hay una suerte de acuerdos informales entre la fiscalía y el acusado que son menos disuasorios que un proceso y la exposición mediática que conlleva”.
Para David Mühlemann, “el enfoque del MPC basado en las ordenanzas penales es inquietante, al menos desde el punto de vista del Estado de derecho”.
Investigaciones demasiado largas
Las investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción son particularmente difíciles y costosas en tiempo y recursos. “La duración inusualmente larga de estos procedimientos se debe en el déficit sistemático de investigaciones complementarias, especialmente tras de la supresión de la figura del juez de instrucción”, dice Grégoire Mangeat, abogado en Ginebra.
Los fiscales se ven atrapados con demasiada frecuencia en una lógica de confirmar sus prejuicios propios y de confrontación, dice. “Consideran, posiblemente, que la duda y sutileza no son virtudes sino falta de eficacia”, refiere.
Para Martin Hilti, la dificultad para perseguir eficazmente la corrupción se debe también a las deficiencias internas del Ministerio Público de la Confederación. “Los recursos de los que dispone son claramente insuficientes para llevar a cabo procesos complejos, tiene problemas de organización y la salida voluntaria o forzada de fiscales experimentados ha significado una importante pérdida de conocimientos técnicos en los últimos años”.
Traducción del francés: Andrea Ornelas
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