Ecuador aprueba la primera Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero
Quito, 19 may (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) aprobó este jueves la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, un marco legal histórico que protege las zonas de rompiente de olas, regula los usos del mar y establece el primer sistema interinstitucional de gobernanza costera del país.
La ley, impulsada durante cinco años por el movimiento ciudadano Mareas Vivas y respaldada por más de 10.000 firmas ciudadanas, llena un vacío normativo que había dejado sin protección específica a los 640 kilómetros de costa continental y los más de 100 ‘spots de surf’ identificados en Ecuador, informó la Asamblea Nacional.
«Hoy Ecuador escribe una página que las generaciones futuras leerán con orgullo. Durante décadas, nuestras olas rompieron sin que el Estado las reconociera como lo que son: ecosistemas vivos, patrimonio natural, motor de economías costeras. Con esta ley, Ecuador se adelanta al mundo», dijo el oficialista Niels Olsen, presidente del Parlamento.
Agregó que de esta manera, se protege «la inteligencia colectiva de un país que entendió que el mar no es un recurso a explotar, sino un derecho a preservar».
Durante la sesión de este jueves se destacó la importancia de construir políticas públicas desde la ciudadanía, a partir de procesos participativos, científicos y comunitarios.
Representantes de organizaciones y colectivos vinculados a la conservación marina subrayaron que, tras cinco años de trabajo conjunto, el país da un «paso histórico para proteger sus olas, costas y ecosistemas marinos».
«Defender la naturaleza no es frenar el desarrollo: es garantizar un desarrollo responsable, sostenible y con identidad para las próximas generaciones», señaló la directora de Fundación Mingas por el Mar, Cecilia Torres.
Pilares de la Ley
Entre los pilares de la Ley figuran el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un instrumento técnico público para catalogar y proteger cada zona de ola rompiente del país, así como el Consejo Interinstitucional del Mar, un órgano colegiado con poder vinculante para la gobernanza marino-costera.
Además, «el Principio Precautorio: la incertidumbre científica no podrá usarse como excusa para postergar medidas de protección ante riesgo de daño grave o irreversible», señaló la Asamblea Nacional en un comunicado.
De igual manera, la Protección de ecosistemas sensibles, que regula dunas, zonas de anidación de tortugas marinas, manglares y hábitats vulnerables.
Asimismo, la Planificación espacial marina, que ordena pesca, turismo, puertos, deportes y energías azules bajo un marco unificado de sostenibilidad, y la Alineación internacional, que implementa la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 sobre vida submarina y el Convenio de Biodiversidad Biológica en legislación nacional vinculante.
El origen de la iniciativa aprobada este jueves se remonta a 2020, cuando surfistas y comunidades costeras del municipio de Playas, en la provincia del Guayas (suroeste), se movilizaron contra la construcción de un muelle que, según denunciaron entonces, podía destruir las olas de la zona.
De esa movilización nació Mareas Vivas, que reunió más de 10.000 firmas ciudadanas y presentó su propuesta legislativa el 30 de julio de 2024.
La iniciativa toma como referencia a Perú, considerado el primer país en aprobar una ley de protección de olas, pero lo ha superado «con un marco de gobernanza integral que incluye autoridad institucional con poder vinculante», señaló el Parlamento. EFE
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