El C. de Europa tramita demanda de UGT para equiparar en España prostitución y explotación
París, 9 jul (EFE).- El Consejo de Europa ha admitido a trámite una demanda del sindicato UGT contra España en la que se denuncia la realidad de la prostitución en el país, que se presenta como una práctica de explotación sexual generalizada que necesita su prohibición explícita y medidas para proteger a las víctimas.
En una decisión adoptada el pasado 29 de junio pero publicada este jueves, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) declara admisible esa demanda por unanimidad y pide al Gobierno español que le presente sus argumentos de aquí al 15 de septiembre.
Más adelante, en un plazo que fijará el CEDS, UGT podrá replicar a esa posición. La decisión sobre el fondo que tendrán que tomar los 15 expertos del CEDS suele tardar más de un año.
La Unión General de Trabajadores (UGT) presentó el 31 de julio del año pasado la demanda ante este organismo del Consejo de Europa encargado de velar por los derechos recogidos en la Carta Social Europea mediante el mecanismo de reclamaciones colectivas.
En ella critica «la indefinición reguladora y el déficit de políticas públicas» ante la «urgencia del problema», ya que «España sigue siendo ‘el burdel de Europa'» y «un destino clave para el tráfico de mujeres», lo que tiene como consecuencia el «sufrimiento de miles» de ellas que padecen «estas formas de violencia» y «la violación de buena parte de sus derechos sociales».
Basándose en un macroestudio encargado por el Ministerio de Igualdad, señala que se ha estimado que la cifra de mujeres en situación de prostitución presencial (alrededor del 95 % de los anuncios que se utilizaron como muestra eran de mujeres) se sitúa en una horquilla de entre 152.000 y 184.200.
Un 51 % de esas mujeres son iberoamericanas, un 16 % europeas no españolas y se desconoce la nacionalidad de un 36,6 %.
Sobre todo, hace hincapié en que los autores del estudio estimaban que en torno al 24,23 % estarían en riesgo moderado de ser sometidas a un riesgo moderado de explotación sexual, casi 10.000 en riesgo alto y el 80 % en riesgo leve.
Para explicar esta situación, que califica de «alarmante» por la proliferación de la industria del sexo sobre todo en la variante de ‘clubes de alterne'», la vincula con la despenalización del proxenetismo coercitivo que duró hasta 2003 y que posibilitó esos locales.
Aunque a partir de ese año hubo reglas penales más severas, esas reformas han dejado la práctica de la prostitución, para UGT, en una forma de alegalidad que, a su parecer, ha contribuido a su expansión, y esa idea ha quedado reforzada por «el escasísimo número de condenas penales por prostitución abusiva».
En sus conclusiones indica que «ni la legislación (penal, inmigratoria y social) ni, sobre todo, su práctica en España es coherente con la idea de que la mayoría de las situaciones de prostitución implica personas que no sólo no son libres -sus decisiones dependen de otros, medie organización criminal o no-, sino que se ejerce en condiciones que vulneran la dignidad humana e implican máxima precariedad socioeconómica».
A partir de ahí reclama un modelo «basado en la abolición» y que «debe ser integral, no puede quedarse sólo en la prohibición desincentivo de la compra, debe contemplar medidas específicas que faciliten el acceso a mujeres y niñas que abandonan la prostitución a los derechos y servicios de integración». EFE
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