El Congreso de Perú archiva una de las denuncias contra Boluarte por muertes en protestas

Lima, 18 jul (EFE).- La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (Parlamento) de Perú archivó este viernes una de las denuncias presentadas por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y exministros por las muertes y heridos en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023.

Sin un debate previo, la subcomisión aprobó con 12 votos a favor y dos en contra el informe final realizado por el congresista José Jerí, del partido derechista Somos Perú, y que propone el archivo de la denuncia, presentada en julio de 2024 por el entonces fiscal general, Juan Carlos Villena.

Jerí sostuvo que, tras haber analizado las declaraciones formuladas por los denunciados, «se determinó que no se han presentado a la fecha elementos de convicción suficientes que acrediten sin ninguna duda la conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados».

En ese sentido, señaló que no se han identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo.

«Por lo tanto, ante la falta de pruebas suficientes para dicha acusación se recomienda el archivo de la referida denuncia, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, a fin de establecer las responsabilidades individuales conforme a derecho», indicó el Congreso en su página web.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara levante el fuero y recomiende acusar a la persona investigada.

Villena presentó el 30 de julio de 2024 esta denuncia contra Boluarte y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, entre otros cargos, a raíz de los muertos y heridos en las protestas antigubernamentales.

La Fiscalía precisó en dicha fecha que los hechos investigados están referidos a las protestas sociales que dejaron 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, a raíz del encarcelamiento del presidente Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado y el ascenso de su vicepresidenta Boluarte a Presidencia.

Entre los fallecidos hay 41 víctimas por proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objeto contundente, además hubo 78 heridos por arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.

Los exministros denunciados son Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de primer ministro, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior.

Los cargos imputados son homicidio calificado, a título de comisión por omisión -dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Rojas y otros.

Lesiones graves a título de comisión por omisión – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Teófilo Ramírez y otros. Además de lesiones leves, bajo las mismas condiciones, en agravio de Miguel Velásquez y otros. EFE

pbc/fgg/nvm