El Gobierno de Bolivia declara «emergencia energética y social» por la crisis económica
La Paz, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia declaro este miércoles la «emergencia energética y social» debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, marcada por una inflación acumulada de 20,40 % en 2025, y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles.
El Ejecutivo boliviano aprobó hoy el decreto 5517, uno de cuyos artículos declara «la emergencia energética y social» en todo el territorio nacional» ante el proceso inflacionario que vive el país, junto con la escasez de dólares y combustibles.
El decreto «tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía», así como «reactivar la producción» económica, señala la norma.
La medida autoriza a cualquier persona «natural o jurídica privada la importación, venta y comercialización de productos derivados de petróleo» a precios de importación «siempre y cuando cuente con capacidad de almacenaje propia o alquilada».
Además, y debido a la «extrema situación de déficit en el abastecimiento», la norma dispone la suspensión del diésel de la lista de sustancias controladas «con el fin de garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país».
Estas medidas adoptadas por el Gobierno boliviano «tienen carácter excepcional, temporal e inmediato».
Esta declaración de emergencia energética y social llega un día después de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y sindicatos de obreros y campesinos dieron por resuelto el conflicto con la emisión de un nuevo decreto que ratificó el final de la subvención a los combustibles pero eliminó otras disposiciones que habían sido rechazadas por las organizaciones sindicales.
El decreto 5516, recién aprobado, reflejó los acuerdos logrados entre las autoridades y la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, que permitieron el cese de protestas y el levantamiento de los bloqueos de carreteras que realizaron los sindicatos contra el decreto que en diciembre retiró la subvención a los carburantes.
Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.
Estos precios seguirán vigentes, según lo establecido en el nuevo decreto. EFE
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