El Instituto de Prensa y Sociedad rechaza fallo en Perú que obliga a eliminar un reportaje
Lima, 10 sep (EFE).- El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó este miércoles una sentencia judicial que obliga a un medio de comunicación peruano, de la surandina región Puno, a eliminar la información periodística verificada que publicó en internet y sus redes sociales sobre una denuncia contra una designación irregular en un juzgado de esa localidad.
El IPYS agregó que la decisión judicial «sienta un mal precedente para la libertad de prensa en el Perú», tras sostener que el reportaje tenía un «elevado interés público».
En la víspera, el periodista Óscar Pareja Castro, director del diario Los Andes, de Puno, denunció ante la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) que el Primer Juzgado Civil de la ciudad de Juliaca ha ordenado eliminar las publicaciones de un reportaje que cuestionó la designación de la coordinadora de personal de la Corte Superior de Justicia de Puno.
La denuncia del diario Los Andes se publicó en noviembre del año pasado con información oficial sobre la designación de la funcionaria, a pesar de tener una sanción con suspensión por haber autorizado pagos irregulares, según indicó IPYS.
El expresidente de esa Corte, Juan Francisco Ticona, le exigió a Pareja eliminar las publicaciones y que entregue la identidad de la fuente que le proporcionó la documentación oficial, aunque no cuestionó la veracidad de la información, añadió la fuente gremial.
Ante la negativa de Pareja, el magistrado Ticona interpuso una demanda de hábeas data admitida por el Primer Juzgado Civil de Juliaca, que ha resuelto, según el fallo del pasado 25 de agosto, que se elimine el reportaje y sus réplicas digitales, aunque rechazó el pedido de revelar la fuente periodística.
Ticona también ha presentado una querella por difamación agravada contra Pareja y el diario Los Andes como tercero civil responsable y la audiencia será el próximo 25 de septiembre.
En otros casos que buscan afectar la reserva de las fuentes, el IPYS rechazó el pasado fin de semana el pedido de la Procuraduría (Abogacía del Estado) Especializada en Delitos de Corrupción de levantar (abrir) el secreto de las comunicaciones de dos periodistas y una fiscal anticorrupción en el marco de una investigación abierta contra la ex fiscal general Patricia Benavides.
Por su parte, la Comisión de Justicia del Congreso debatirá en esta jornada un proyecto de ley que pretende sancionar como un nuevo delito la publicación de mensajes en chats de mensajería instantánea, de correos electrónicos o de redes sociales de los funcionarios públicos, como los mismos legisladores.EFE
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