Empleados del órgano regulador ambiental en Brasil inician una huelga parcial

São Paulo, 2 ene (EFE).- Los empleados del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama, regulador) iniciaron este martes una huelga parcial e indefinida de actividades en demanda por mejores salarios y condiciones de trabajo, según informaron fuentes sindicales.

El Sindicato de los Trabajadores Federales en Salud, Trabajo y Previsión Social del estado de Ceará indicó a EFE que los empleados del Ibama de todo el país iniciaron el paro en un «intento de obligar» al Gobierno a derogar una medida que divide al organismo.

La paralización, de acuerdo con las informaciones, afectará todos los departamentos del Ibama, incluyendo el sector responsable de la concesión de licencias ambientales necesaria para las grandes obras de infraestructura que pretende ejecutar el Gobierno.

Algunas actividades burocráticas del organismo se mantendrán y los fiscales y todos los funcionarios que realizan el trabajo externo serán retirados hasta el próximo 9 de enero cuando una asamblea convocada determinará si la huelga continúa o no.

El Gobierno determinó dividir el organismo, actualmente adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y que según la disposición pasaría a compartir responsabilidades con la cartera de Gestión e Innovación, creada en 2023 cuando asumió el poder Luiz Inácio Lula da Silva.

El paro «es una respuesta directa a la falta de acción y apoyo efectivo a los funcionarios y a las misiones críticas que realizamos» frente a los cambios estructurales, manifestaron los empleados en una carta al Gobierno divulgada en las redes sociales.

Según el texto, todas las actividades del Ibama que dependen de acciones externas sobre el terreno, como «las operaciones de inspección ambiental en la Amazonía y en tierras indígenas, como los yanomami» serán paralizadas.

De igual manra, apuntó la carta, se suspenderán las acciones para la «preservación y la lucha contra los incendios forestales» y «la respuesta a las emergencias ambientales», pueden «verse comprometidas hasta que se reanuden las negociaciones» con el Ejecutivo.

Los servidores públicos consideraron también que la «suspensión de las actividades externas tendrá ciertamente impactos significativos en la preservación del medio ambiente».

Para los trabajadores, la situación es atribuida a los «diez años de total abandono de la carrera de servicio público que sufrió el mayor acoso y persecución bajo el Gobierno anterior y que aún no ha sido debidamente acogida y valorada por el actual».

El Ministerio de Gestión e Innovación había iniciado negociaciones en 2023 con los empleados, pero sin que hasta la fecha se hayan culminado todos los acuerdos, principalmente los relativos al ajuste salarial. EFE

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