España pide volver a debatir al nivel de ministros el uso de lenguas cooficiales en la UE

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Bruselas, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, confió este martes en que la inclusión de las lenguas cooficiales españolas en el régimen lingüístico comunitario pueda volver a ser debatida a nivel de ministros durante la presidencia polaca del Consejo este semestre, en el que el Gobierno espera «grandes avances» en esta cuestión.

«Nuestra intención es que este asunto se trate durante esta presidencia polaca en la agenda del Consejo de Asuntos Generales», señaló Sampedro a su llegada a una reunión de los ministros de este ramo en Bruselas.

Sampedro señaló que el Gobierno español sigue manteniendo como prioridad la oficialidad del catalán, euskera y gallego a nivel europeo, un proceso que Madrid lanzó en Bruselas al inicio de su presidencia rotatoria en el verano de 2023 y que requiere la unanimidad de todos los Estados miembros para salir adelante.

Varios Estados miembros han planteado reticencias por cuestiones legales, financieras y políticas pero el Gobierno insiste, no obstante, en que mantiene contactos a nivel técnico y le da la máxima prioridad.

Después de que el asunto estuviera en la agenda de todos los Consejos de Asuntos Generales que se celebraron durante la presidencia española en la segunda mitad de 2023, sólo ha vuelto a la mesa de los ministros en una ocasión, bajo presidencia belga en marzo de 2024.

Fuentes diplomáticas indicaron a EFE que existe disposición por parte de Polonia para incluir ese asunto en algún Consejo de ministros europeos cuando el tema esté «más preparado» y reconocieron que España está insistiendo para que se aborde cuanto antes.

«Espero tener reuniones con la presidencia polaca durante el mes de febrero en Varsovia también sobre este asunto (…) con la idea de que sea un tema que podamos avanzar de manera significativa en este en este semestre», recalcó el secretario de Estado, que recordó que tanto él como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han trasladado esta prioridad a sus homólogos.

La oficialidad concreta del catalán formó parte de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts y la ausencia de avances en este área es uno de los argumentos que esgrime la formación independentista catalana para señalar que los socialistas incumplen el pacto entre ambos.

«Es un tema que estamos naturalizando mucho con todos los Estados miembros pero que, somos conscientes, requiere la unanimidad. Entonces lo estamos haciendo sin prisa pero también sin pausa para que esa unanimidad sea alcanzable y somos optimistas», señaló.

Sampedro insistió en que España se haría cargo de los gastos derivados de hacer oficiales estos tres idiomas y recordó que ya lo hace en el caso de los acuerdos administrativos firmados hace dos décadas con instituciones como el Consejo de la Unión Europea o el Comité Europeo de las Regiones para que las tres lenguas puedan emplearse en sus reuniones.

Según una estimación preliminar de la Comisión Europea, el coste anual de la oficialidad sería de unos 132 millones de euros, aunque la cifra definitiva sólo se sabrá si se aprueba la propuesta y cuando se sepa cómo se aplicará.

«Esa es una estimación basada en un caso muy concreto (el gaélico), en el que probablemente hay muchas más limitaciones de acceso a intérpretes y aplicaciones de traducción, pero quizá es un máximo a considerar. En todo caso no consideramos que vaya a ser un problema, porque hemos propuesto que España está dispuesto a cubrir los gastos que sean necesarios», aseguró Sampedro.

Añadir estas tres lenguas a la lista de las oficiales en la Unión Europea supondría, además de incorporar sus cabinas de interpretación simultánea en muchas reuniones, traducir a ellas todo el acervo comunitario existente en forma de reglamentos, directivas, acuerdos y normas.

Los principales documentos comunitarios disponibles ya en estos tres idiomas son, de hecho, los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, que España ha podido traducir por cuenta propia en virtud de un artículo del Tratado de Lisboa que permite a cada Estado miembro proveer una copia certificada de estos textos en los idiomas que no sean oficiales en la UE pero sí en al menos una parte de su territorio, al igual que hizo Países Bajos con el frisio. EFE

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