Exfuncionaria reclamada por Ecuador alega persecución por no favorecer al presidente Noboa

Madrid, 2 jun (EFE).- La exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas (Ecuador) Mercedes Leonor Villarreal denunció este lunes que sufre «persecución política», por no querer favorecer al presidente Daniel Noboa, y se negó a ser extraditada por España a su país, que la reclama por supuesta corrupción judicial.

La petición de extradición, que comenzó a tramitarse hoy en la Audiencia Nacional española, se debe a que Villarreal usó presuntamente su cargo para archivar procedimientos y cambiar a jueces por otros favorables a una trama de la que formaba parte supuestamente.

La reclamada aseguró que le «aterra» pensar que pueda ser entregada a las autoridades ecuatorianas, porque estima que corre peligro, y dijo que es víctima de una «persecución política».

«Había intereses personales del actual presidente, pues allí se manejan juicios de su exesposa y entonces comenzaron a presionar para que los jueces dictaminaran a favor de él y yo no estuve de acuerdo con esto», contó.

Y añadió: «Luego comenzaron a amenazarme y tuve que cambiar de coche pues ya habían detectado que estaba siendo perseguida».

Según su versión, cuando dejó de ser funcionaria, el 29 de febrero de 2024, alguien quiso atentar contra su vida en su casa: «Había una camioneta sin placa y una moto con dos personas, de las cuales hay fotos, lo denuncié a la Fiscalía pero nunca investigó esto».

Y previamente, cuando aún ocupaba el cargo, fue objeto de amenazas «a raíz de haber sancionado a jueces que se lo merecían y de informar al Pleno del Consejo de la Judicatura de que habían obrado mal».

«Pero como esta gente estaba metida en la mafia, realmente eran ellos los mafiosos, lo que hicieron fue tirarme la basura a mí para perseguirme», indicó.

La vista de extradición fue aplazada a la espera de que Ecuador envíe documentación pedida por la Audiencia Nacional a petición de la defensa.

La reclamada se encuentra en libertad con medidas cautelares desde su detención, en julio de 2024, en la ciudad española de Lérida, adonde llegó tras abandonar Ecuador con destino a los Países Bajos, según informó la Policía ecuatoriana a raíz del arresto.

Según la solicitud de las autoridades de su país, la mujer formaba parte de un grupo de delincuencia organizada investigado en el caso Purga. Aprovechando el cargo, cambió a los miembros de la Sala de la Corte Provincial para poner a otros afines para obtener sentencias favorables a los líderes de la banda. EFE

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