Exmilitar japonesa que denunció abusos sexuales cierra su lucha legal con acuerdos

Tokio, 26 ene (EFE).- La exmilitar japonesa Rina Gonoi, víctima de abusos sexuales mientras servía en las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), anunció este lunes haber alcanzado un acuerdo civil con el Gobierno y el último de sus cinco agresores, poniendo fin a cuatro años y medio de lucha legal.

Gonoi recibirá 1,6 millones de yenes (unos 8.774 euros) por parte del Estado japonés, afirmó en una rueda de prensa su abogada, Aiko Ohta, pero no recibirá «ni compensación económica ni las disculpas» del exmiembro de las Fuerzas de Autodefensa. Este acuerdo se suma a los ya alcanzados por Gonoi con los otros cuatro agresores.

«Han pasado cuatro años y medio desde que hablé por primera vez. Mirando hacia atrás, este período fue muy largo y difícil», reflexionó Gonoi. La exmilitar subrayó que «se necesita mucho coraje para hablar» y esa valentía «no siempre está protegida», pero nunca se arrepintió de haber hecho pública su denuncia.

«Cada vez que hablaba, me encontraba con innumerables otras voces, voces que por sí mismas no podían ser expresadas», dijo.

La exmilitar fue objeto desde otoño de 2020 hasta el verano de 2021 de vejaciones y abusos de índole sexual como tocamientos o besos no consentidos, mientras servía en el campamento de Koriyama, en la prefectura de Fukushima (noreste).

Tras la ausencia de medidas contra los abusos, la exmilitar abandonó el Ejército en junio de 2022 y alegó que los supervisores de las Fuerzas de Autodefensa japonesas miraban y se reían mientras sus compañeros la agredían sexualmente.

Gonoi hizo público su caso después de abandonar el cuerpo, y solicitó al ministerio de Defensa de Japón una investigación que halló otros cuatro casos de abuso a mujeres de la unidad. Los cinco hombres señalados por la exmilitar fueron expulsados de las Fuerzas de Autodefensa.

Las resoluciones civiles se producen en paralelo a la condena en 2023 por parte de un tribunal penal contra tres de los agresores, varones de entre 29 y 31 años que negaron que sus actos constituyeran agresión sexual, a dos años de prisión, suspendida a cuatro años en libertad condicional. EFE

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