Expresidente sudafricano busca evitar su entrada en prisión por vía judicial

Johannesburgo, 6 jul (EFE).- Los abogados del expresidente sudafricano Jacob Zuma pidieron hoy a la Justicia la suspensión de la orden de arresto que pesa sobre él desde la semana pasada, cuando el Tribunal Constitucional le condenó a 15 meses de prisión por desacato al haberse negado a declarar por corrupción.

En una larga audiencia presidida por el juez Jerome Mnguni, el equipo legal de Zuma, encabezado por el abogado Dali Mpofu, solicitó al Tribunal Superior de Pietermaritzburg que ponga en suspenso la ejecución del arresto, en vista de que el propio Tribunal Constitucional ha accedido a conceder una vista a Zuma el próximo lunes para escuchar sus argumentos contra su sentencia.

En ese sentido, Mpofu incidió en la idea de que Zuma va a ser «detenido sin juicio» y de que el castigo no puede ser «tomado a la ligera».

El principal interrogante de la audiencia, sin embargo, residía en si el Tribunal Superior de Pietermaritzburg, de ámbito regional (en la oriental provincia de KwaZulu-Natal), tiene poder para bloquear una orden directa del Constitucional, la máxima instancia judicial del país.

Concluidos los argumentos a favor y en contra, el juez Mnguni decidió no dar un dictamen inmediato y programó su veredicto para el próximo viernes.

Hasta entonces, sin embargo, continúa abierta la incógnita sobre si Zuma será o no detenido, ya que el plazo original de cinco días dado por el Tribunal Constitucional para que se entregara voluntariamente se cumplió el pasado domingo.

LA CONDENA CONTRA ZUMA POR DESACATO

El exjefe de Estado, de 79 años, fue condenado el pasado 29 de junio a 15 meses de prisión por negarse repetidamente a acatar órdenes judiciales que le obligaban a testificar ante una comisión oficial que investiga la presunta corrupción ocurrida durante su presidencia (2009-2018).

Esa investigación -conocida como el caso de la «Captura del Estado»- analiza si durante los casi nueve años de gobierno de Zuma el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines.

El exgobernante, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- y el juez que la lidera buscan destruir su legado.

Por ello, ignoró las citaciones incluso después de que el Tribunal Constitucional especificara que eran de obligado cumplimiento.

Esto activó el proceso por «desacato», en el que el exmandatario también se negó repetidamente a participar.

Lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad de los jueces sudafricanos.

Dictaminada la pena de cárcel por desacato, Zuma tenía hasta el domingo pasado para entregarse, pero el viernes sus abogados tramitaron de urgencia dos peticiones para bloquear su entrada en prisión.

La primera fue una solicitud al Constitucional para que escuche los argumentos del exmandatario para una rescisión de la pena (en base a argumentos como su salud, su edad y la supuesta violación de sus derechos).

La máxima corte accedió y celebrará una audiencia al respecto el próximo lunes.

La segunda vía es la que se discutió hoy en Pietermaritzburg: una petición para que la orden de arresto -que entraba técnicamente en efecto el lunes al no haberse entregado voluntariamente Zuma el domingo- quede en suspenso hasta que finalice todo el proceso.

En paralelo, el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, envió hoy al Constitucional un escrito especificando que la Policía no va a ejecutar la orden de arresto contra el expresidente mientras haya procedimientos abiertos, a menos que la corte indique expresamente lo contrario. EFE

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