Familiares de desaparecidos en Chile piden reactivar pesquisas y advierten «incertidumbre»
Santiago de Chile, 10 jul (EFE).- La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla presentó una querella criminal ante la Justicia chilena para reactivar las diligencias en la investigación por la desaparición forzada de siete personas durante la más reciente dictadura civil militar y advirtió que existe un «escenario de incertidumbre» respecto a las políticas de memoria y derechos humanos.
Con esta acción, admitida en la víspera por la Corte de Apelaciones de La Serena, se busca que la Justicia dé «continuidad a las diligencias investigativas, en razón de las últimas señales» recogidas por el Gobierno, que si bien ha afirmado «apoyar» el desarrollo de Plan Nacional de Búsqueda, ha anunciado a su vez el recorte de cerca de un millón dólares al programa que lo coordina.
«Enfrentamos un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de las diligencias: no existiría un presupuesto claro ni una conducción clara para coordinar y concretar las decisiones judiciales del ministro a cargo de la causa», acusó la presidenta de la agrupación, Alejandra Gómez, hija de Luis Gómez Cerda, dirigente sindical, funcionario de Codelco y militante socialista detenido en septiembre de 1973 por agentes del Estado y quien continúa desaparecido.
El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa impulsada vía decreto en 2023 en el marco de la conmemoración de los cincuenta años del golpe militar y que busca esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada, de las que 1.159 aún son buscadas por sus seres queridos.
En este contexto es que esta solicitud, que denuncia inhumaciones y exhumaciones ilegales, busca que las familias puedan intervenir formalmente en la investigación y solicitar la continuidad de las diligencias de búsqueda de estas siete personas detenidas entre septiembre y octubre de 1973 en Tocopilla, 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile en la región de Antofagasta.
Los casos
La querella individualiza los casos de Claudio Tognola, de 42 años de edad; Luis Segovia, de 28 años; Carlos Garay, de 25 años; Agustín de la Cruz Villarroel, Luis Gómez, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz, todos detenidos durante la primera ola represiva que marcó inicio de la dictadura pinochetista en Chile (1973-1990).
Según el escrito, luego del golpe de Estado, efectivos de Carabineros, personal militar y funcionarios de Investigaciones arrestaron a dirigentes políticos, sindicales y trabajadores de la zona, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros y posteriormente a la Cárcel Pública de Tocopilla, donde se perdió su rastro.
Diversos testimonios y antecedentes sitúan a la mina «La Veleidosa», ubicada a 15 kilómetros de Tocopilla, como una zona vinculada a la muerte y desaparición de las personas individualizadas en la querella, Las investigaciones reportan que parte de los restos de algunas de las víctimas ya fueron localizadas en ese lugar.
En el marco del plan nacional, el Estado chileno se ha hecho parte en decenas de querellas criminales por ejecuciones sumarias y desaparición forzada, y es el Programa de Derechos Humanos, alojado en el Ministerio de Justicia, el organismo más relevante del país en el esclarecimiento judicial de delitos de lesa humanidad.
La dictadura de Chile duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ellas más de 3.200 que habrían muerto a manos de agentes del Estado, además de detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. EFE
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