Filipinas condena a cadena perpetua por trata a exalcaldesa vinculada a estafas digitales
Bangkok, 20 nov (EFE).- Un tribunal de Filipinas condenó este jueves a cadena perpetua a la exalcaldesa conocida como Alice Guo tras ser hallada culpable de tráfico humano por su vínculo con el establecimiento de centros de estafas digitales en la localidad que regía.
La acusada, conocida en Filipinas como Alice Guo y exalcaldesa de la ciudad de la población norteña de Bamban, compareció ante el tribunal por videoconferencia desde la prisión de Pasig, en el sureste de Manila, informan los medios locales.
Además de Guo, sobre quien otro tribunal determinó en junio que en realidad es una «ciudadana china» llamada Guo Hua Ping, también fueron hallados culpables por el mismo delito tres cómplices de la exregidora, a quienes el tribunal impuso multas de dos millones de pesos (casi 39.000 dólares o unos 29.000 euros) por persona, recoge el portal de noticias Inquirer.
El caso de Guo captó la atención de la nación filipina hace un año, cuando la exalcaldesa protagonizó una sonada fuga del país para evadir la Justicia.
Su nombre comenzó a aparecer en los medios del país asiático cuando la Policía la acusó de estar vinculada con los casinos ilegales de la mafia china en Bamban -en el norte de la isla de Luzón y a unos 100 kilómetros de Manila-, tras rescatar a cientos de filipinos y extranjeros en un centro de esta misma localidad en el que supuestamente eran obligados a participar en estafas en línea.
Guo, detenida en Indonesia en septiembre de 2024 y escoltada de vuelta a Filipinas, acumula numerosos casos judiciales por otros delitos como malversación o blanqueo de capitales.
El pasado junio, el Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila consideró que la exalcaldesa es originalmente china y decretó inválido su mandato, tras jurar el cargo en junio de 2022.
Los casinos virtuales habían emergido en Filipinas después de que los legalizara en 2016 el expresidente Rodrigo Duterte, quien fortaleció los lazos con Pekín.
El actual Gobierno filipino los prohibió tras varias redadas contra redes criminales en sus sedes por supuesta trata y vinculación con las estafas en línea, que han proliferado en el Sudeste Asiático en los últimos años, especialmente en Birmania y Camboya, donde la ONU estima que más de 220.000 están retenidas.
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