Fiscal de juicio contra Fujimori señala que Constitucional ha beneficiado a la excandidata
Lima, 20 oct (EFE).- El fiscal peruano José Domingo Pérez, que tenía a su cargo la acusación por lavado de activos contra la excandidata presidencial y lideresa política Keiko Fujimori, afirmó este lunes que el Tribunal Constitucional (TC) la ha beneficiado al dejar sin efecto la imputación relacionada a la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 por «carecer de sustento jurídico».
Durante la audiencia de otro caso vinculado a presuntos aportes ilegales, Pérez afirmó que era de conocimiento público que, este lunes, «el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori, en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas».
El fiscal añadió que en los alegatos de apertura de la defensa de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, también denunciada por presuntos sobornos en campaña, se planteó la misma tesis de defensa de Fujimori por el TC.
Por ese motivo, Pérez pidió a la sala que procesa a Villarán la reprogramación de la audiencia, que debía realizarse el martes, para el día 26 de octubre, de manera que «la Fiscalía pueda proceder conforme lo ha ordenado el Tribunal Constitucional».
La decisión del TC declaró «fundada» una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como «todos los actos precedentes» seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.
Loza argumentó que, antes de noviembre de 2016, no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 «sin respetar el derecho a la defensa».
«No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución», aclaró la resolución del TC.
El llamado ‘Caso Cócteles’ se abrió contra Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de cócteles en los que participaron simpatizantes cob el objetivo de hacer donaciones a la campaña.
Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una «organización criminal», por lo que también se debía ordenar la disolución de Fuerza Popular.
Durante la fase de investigación de este caso, Keiko Fujimori fue enviada a prisión preventiva en dos periodos de distintos que sumaron un total de cerca de año y medio, el último de ellos antes de que comenzase la pandemia de la covid-19, motivo que llevó a que fuese excarcelada para quedar en libertad en condicional.
El pasado 2 de julio, el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años el pedido de prisión para Fujimori por este caso, al presentar una nueva acusación penal después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para la política, fuera anulado en abril y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación.EFE
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