Gobierno de Perú pide facultades legislativas al Congreso para enfrentar la criminalidad
Lima, 24 nov (EFE).- El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, pidió este lunes al Congreso facultades legislativas por 60 días contra la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana y el impulso a la economía, al asegurar que su país atraviesa una crisis política que amenaza a la sociedad.
Acompañado por varios ministros de Estado, Álvarez acudió a una sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento para explicar los motivos por los cuales el Gobierno del presidente transitorio, José Jerí, pide facultades para legislar.
«Hoy ni siquiera tenemos que argumentarlo, es obvio, es evidente que nos encontramos en una crisis política, una crisis social que amenaza no solamente la coyuntura inmediata de la política, sino que amenaza la estructura misma de la sociedad peruana», expresó el presidente del Consejo de Ministros.
El jefe del gabinete agregó que la criminalidad ha ido en aumento, se ha infiltrado en el Estado, al nivel que «nos es sumamente complicado mencionar una institución del Estado que esté a salvo de la infiltración de la delincuencia y la criminalidad organizada».
A pesar del estado de emergencia declarado para las ciudades de Lima y el Callao, para combatir la delincuencia, las cifras de criminalidad referidas a casos de sicariato (asesinato por encargo) y extorsión siguen en aumento, de acuerdo a cifras oficiales citadas por la prensa.
Álvarez detalló que la propuesta del Gobierno, que culminará su gestión en julio del 2026, tiene 26 medidas sobre seguridad ciudadana y combate a la criminalidad, así como 24 medidas sobre crecimiento económico responsable y ocho medidas sobre fortalecimiento institucional.
Remarcó que se tratan de «medidas urgentes» reclamadas por la sociedad y confió en que, después del intercambio técnico de los expertos, aprueben «los instrumentos adecuados para ejercer una defensa eficaz de nuestros ciudadanos».
El ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela explicó a los legisladores que, en la delegación de facultades, el Ejecutivo peruano busca actualizar las sanciones y dotar al Estado de mayor control sobre las personas que adquieren el estatus de refugiado en el país.
Igualmente, De Zela indicó que la ley de persona apátrida, vigente desde 2014, establece obligaciones para otorgar esa condición a una que no tiene nacionalidad, pero que actualmente «no existe un marco normativo que regule el trámite».
El canciller agregó que, con las semejanzas de ese caso con el estatus de refugiado, pueden ingresar personas «peligrosas» al país, razón por la cual se busca cubrir el vacío normativo para darle un uso adecuado.EFE
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