Guatemala limita a seis departamentos el estado de prevención contra el crimen organizado
Ciudad de Guatemala, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Guatemala prorrogó este jueves por otros 15 días el estado de prevención para combatir el crimen organizado, aunque la medida se limitará ahora a seis de los 22 departamentos (provincias) del país centroamericano.
Según el acuerdo gubernativo publicado en el Diario de Centro América (oficial) y firmado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, en Consejo de Ministros, la medida sigue vigente en el departamento de Guatemala (que incluye la capital), Escuintla (sur), Izabal (Caribe), Petén (norte),y San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, explicó en rueda de prensa que la decisión responde a una estrategia de «desescalada».
«Nos estamos enfocando en estos departamentos precisamente por la cantidad de actividad delictiva que se genera en los mismos, que básicamente acumula el mayor porcentaje a nivel de la república», afirmó el funcionario.
Villeda detalló que en regiones como Escuintla y la capital se han implementado los planes «Centinela», logrando periodos de hasta 12 días sin homicidios en zonas críticas. Asimismo, justificó la permanencia de la medida en departamentos fronterizos para evitar el ingreso de grupos vinculados al narcotráfico y mantener el control sobre el tráfico de drogas.
Como balance de los últimos 15 días, las autoridades reportaron la incautación de 22 armas de fuego, 892 teléfonos celulares y la neutralización de 35 enrutadores de Wi-Fi dentro de las cárceles, tras realizar requisas focalizadas para evitar que los grupos criminales sigan operando desde los centros penales.
Guatemala se encuentra bajo medidas excepcionales desde el 18 de enero, tras ataques de pandillas que se cobraron la vida de 11 policías, en represalia a la toma de control por parte de las fuerzas públicas de tres cárceles donde los reos se habían amotinado.
Ante la crisis, el Ejecutivo decretó inicialmente un estado de sitio, una medida de carácter restrictivo que faculta al Gobierno para militarizar servicios públicos, disolver reuniones por la fuerza y realizar detenciones sin orden judicial si se presume alteración del orden público.
Sin embargo, tras un mes de vigencia, el Gobierno ha optado por migrar hacia el estado de prevención, el cual no requiere la aprobación del Congreso y mantiene el control operativo sin suspender garantías constitucionales de forma tan severa como el estado de sitio.
El presidente Arévalo de León ha destacado que estas decisiones coordinadas con su gabinete han permitido reducir la tasa de homicidios y recuperar el control de los centros penitenciarios del país. EFE
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