Human Rights Watch acusa a autoridades de Nepal por reprimir con fuerza a la Generación Z
Nueva Delhi, 20 nov (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que las autoridades de Nepal hicieron un uso «desproporcionado y letal» de la fuerza contra las protestas del movimiento juvenil conocido como Generación Z, que estallaron a principios de septiembre y en las que murieron al menos 72 personas, según datos oficiales.
En un informe basado en más de medio centenar de entrevistas, análisis de material audiovisual y visitas a hospitales y lugares afectados, HRW afirmó que la Policía abrió fuego de manera indiscriminada durante más de tres horas el 8 de septiembre alrededor del Parlamento, en Katmandú, sin que existiera una amenaza «grave e inminente» que justificara el uso de armas de fuego.
Al menos 17 manifestantes murieron ese día por disparos, aunque el balance total de víctimas mortales del estallido social ascendió días después a 59 manifestantes, 3 policías y 10 reclusos abatidos mientras intentaban escapar de cárceles durante el caos, según el secretario jefe de Nepal, Eaknarayan Aryal.
La protesta, convocada de forma descentralizada a través de Discord y otras redes sociales, congregó a miles de jóvenes que denunciaban la deriva autoritaria del entonces primer ministro K.P. Sharma Oli y la falta de oportunidades laborales en un mercado elitista.
Aunque la concentración comenzó de manera pacífica, la tensión escaló cuando los manifestantes superaron una barricada policial próxima al edificio legislativo.
HRW documentó que los agentes utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y balas reales, sin advertencias claras previas, vulnerando tanto estándares internacionales como la legislación nepalí sobre dispersión de protestas.
Entre las víctimas figura un estudiante de 17 años que, según las imágenes verificadas por la organización, fue alcanzado en la cabeza mientras caminaba de espaldas al Parlamento.
La violencia escaló el 9 de septiembre, cuando las movilizaciones derivaron en incendios de edificios clave del Estado —como el Parlamento, la Oficina del Primer Ministro y el Tribunal Supremo— y en agresiones contra políticos, periodistas, negocios y centros educativos.
El informe recoge además sucesos graves, como la evacuación en helicóptero del ex primer ministro tras un intento de asalto a su residencia, la difusión de un SMS supuestamente «hackeado» que instaba a atacar a dirigentes políticos, y las sospechas de la presencia de infiltrados vinculados a partidos que habrían instigado parte de los ataques selectivos.
El estallido social acabó provocando la dimisión de Oli y la llegada de un gobierno interino, liderado por la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, que convocó elecciones legislativas para marzo de 2026.
El Ejecutivo provisional también creó una comisión judicial con un plazo de tres meses para investigar las muertes y el uso de la fuerza durante las protestas.
Sin embargo, Human Rights Watch insistió en que cualquier investigación debe ser independiente, transparente y exhaustiva, y advirtió de que la histórica impunidad en Nepal por violaciones de derechos humanos ha permitido que episodios de violencia estatal se repitan con el tiempo. EFE
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