Indígenas y ambientalistas de Ecuador piden suspensión de ley minera que «viola derechos»
Quito, 16 mar (EFE).- Organizaciones indígenas y ambientalistas de Ecuador pidieron este lunes a la Corte Constitucional (CC) que suspenda los efectos de la ley minera impulsada por el presidente Daniel Noboa y recientemente aprobada en el Parlamento, al considerar que «viola derechos» como los de la naturaleza o de los pueblos y nacionalidades.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), el colectivo ambientalista Yasunidos y el Frente Nacional Antiminero fueron a la sede del alto tribunal, en Quito, para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa, que busca agilizar la puesta en marcha de proyectos de inversión en minería y energía.
En la demanda pidieron medidas cautelares y que se les dé prioridad para que la normativa no se aplique mientras los jueces analizan si es compatible con la Constitución.
Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, señaló que esta ley «es violatoria de derechos» porque «elimina la licencia ambiental y deja a discreción del Ejecutivo cómo, cuándo y dónde autorizar qué tipo de proyecto extractivo».
Además, indicó, «elimina fases de exploración y las junta en una sola de 15 años», lo que «tiene un impacto gigantesco», ya que esas fases eliminadas «antes tenían que pasar por una consulta previa, libre e informada y la ambiental».
«Ahora esta norma establece que el paso del tiempo es suficiente para pasar de la una a la otra, eliminando diferentes controles ambientales, por lo que existe una vulneración al principio de no regresión de los derechos, viola los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y los derechos de participación a través de la consulta ambiental», afirmó Bermeo.
Se refirió también a otras vulneraciones relacionadas con la forma de la normativa, pues fue presentada por Noboa como un proyecto económico urgente y ello obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, lo que rige para «casos específicos» y no para «reformas estructurales» como las que considera que se aprobaron el pasado 26 de febrero.
El excandidato presidencial y líder de la Ecuarunari, Leonidas Iza, afirmó que ahora el país se enfrenta a una «dicotomía», entre si se «respetan los derechos consagrados en la Constitución» o si se «garantizan los intereses vinculados a empresas transnacionales y a empresas privadas», que, dijo, tienen supuestos vínculos con «la familia del presidente».
Por su parte, la asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, aseguró que con la aprobación de esta ley «se pisoteó la Constitución, la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos y también la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas», entre otros estándares internacionales.
Espera que la corte «resuelva lo más pronto posible», considerando que no es la única demanda que se ha presentado en contra de esta normativa, que acumula otras cinco similares, interpuestas por organizaciones sociales, indígenas y de partidos políticos de oposición a Noboa.
El Gobierno sostiene que la llamada Ley Minera busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuya a la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del Estado.
«Ambiente y empleo al mismo tiempo. No es elegir entre trabajo y naturaleza. Esta ley permite inversión con control ambiental y respeto a consultas populares», manifestó el día de la aprobación de la iniciativa el asambleísta oficialista Alejandro Lara, quien consideró que lo que «destruye territorios es la ilegalidad, no la inversión responsable». EFE
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