Instalan audiencia contra un «escuadrón de la muerte» salvadoreño por masacre
San Salvador, 24 ene (EFE).- Una corte de El Salvador instaló este martes la audiencia preliminar contra un grupo de militares retirados, acusados de ser parte de un «escuadrón de la muerte» del Ejército y asesinar a 5 personas en 1981, según informó a EFE una fuente de la organización Cristosal.
La diligencia se desarrolla en el Juzgado de Instrucción de la oriental ciudad de San Miguel.
Los acusados son identificados por la Fiscalía como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.
El abogado David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, explicó que Benavides Martínez y Alvarado «dirigían un escuadrón de la muerte que sembraba el terror en las comunidades del municipio de San Miguel, en la zona rural del cantón San Andrés, exterminaban personas, las torturaban».
«Esperamos que la audiencia preliminar permita la apertura a juicio y que el caso vaya a vista pública. Se cuenta con prueba muy sólida sobre la existencia, funcionamiento de este escuadrón de la muerte (…) y que este tipo de estructuras funcionaba como parte de la estrategia de represión de la Fuerza Armada de El Salvador», señaló Morales en declaraciones compartidas en redes sociales antes del comienzo de la diligencia.
En agosto de 2021, fueron detenidos los 2 procesados de apellido Benavides y Orellana, y el tribunal que conoció el caso declaró crimen de lesa humanidad la masacre de las 5 personas asesinadas por los exmilitares.
Morales, quien junto a un equipo de abogados de Cristosal representa a familiares de las víctimas, agregó que también esperan que «se gire (orden de) detención contra los señalados que no están detenidos».
Según el Ministerio Público, esta es la primera vez que se procesa a miembros de estos escuadrones por delitos de lesa humanidad.
La guerra civil salvadoreña se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos y no fue hasta 2016 que un fallo de la Sala de lo Constitucional permitió que se investigaran y juzgaran los crímenes de lesa humanidad, la mayoría atribuidos al Ejército.
Entre estos casos se encuentran el de San Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 civiles desarmados en la remota localidad de El Mozote (1981) y la masacre de 6 jesuitas, 5 de ellos españoles, y 2 mujeres (1989). EFE
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