Jordania desaloja por la fuerza un campamento informal de refugiados palestinos, según HRW

El Cairo, 29 abr (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este martes de que las autoridades jordanas han desalojado por la fuerza y demolido viviendas en un campamento informal de refugiados palestinos en Amán sin una consulta adecuada, notificación, proceso de indemnización o asistencia para la reubicación, como parte de un proyecto de ampliación de una carretera.

Este proyecto desplazó a decenas de residentes del campamento de Al Mahatta, lo que les ha dejado con «pocos lugares a los que acudir en busca de ayuda», señaló en un comunicado el director adjunto para Oriente Medio de HRW, Adam Coogle, que apuntó que las autoridades jordanas deben «dar prioridad a los derechos de los residentes a la hora de considerar proyectos de infraestructuras y garantizar que nadie se quede sin una vivienda adecuada u otros derechos fundamentales».

Las demoliciones en el campamento de Al Mahatta forman parte del plan estratégico 2022-2026 del municipio del Gran Amán.

Según el presidente del Comité de Desarrollo de Barrios del Viejo Amán, el plan pretende reurbanizar los barrios informales y densamente poblados, incluidos Jabal al Taj, el campamento de Al Youfeh y el centro de la ciudad, mediante la ampliación de las carreteras, la recuperación de terrenos públicos, la disminución de la densidad de población, el aumento de los espacios verdes y la descongestión del tráfico.

El Comité de Defensa del campo, que los residentes formaron para negociar en su nombre, declaró que, desde febrero de 2025, el ayuntamiento había ordenado la demolición de 25 viviendas que albergaban al menos a 101 personas, así como de varias tiendas.

Los residentes desplazados dijeron a HRW que el Gobierno les había avisado en noviembre con sólo dos semanas o un mes de antelación y les había prometido verbalmente una indemnización de 80 dinares jordanos (unos 113 dólares estadounidenses) por metro cuadrado, con poca transparencia sobre el proceso o el calendario.

En respuesta a las quejas sobre la insuficiencia de la indemnización, el alcalde Yousef Shawarbeh dijo que los residentes no tenían derecho a indemnización alguna, ya que estaban «invadiendo terrenos estatales», y que no se trata de una indemnización sino una «donación», enmarcada como una solución legal y humanitaria más que como un derecho de los afectados.

Al Mahatta, establecido tras el desplazamiento masivo y la desposesión de palestinos en 1948 durante la creación de Israel, no está reconocido por el gobierno jordano como campo de refugiados oficial.

Los residentes reciben servicios de agua, electricidad y saneamiento y pagan impuestos sobre la propiedad, pero la falta de reconocimiento los ha dejado sin protección jurídica.

El campo alberga a unos 8.000 residentes de origen palestino, aunque también de otras nacionalidades, según HRW.

No es la primera vez que los residentes del campamento se enfrentan a la expulsión. Hasta 2019, el terreno era de propiedad privada y, en 2017, los propietarios privados presentaron una demanda judicial para expulsar a los residentes.

Según el derecho internacional, las autoridades deben explorar todas las alternativas viables antes de llevar a cabo desalojos, especialmente los que afectan a grandes grupos, y deben consultar con los residentes afectados. EFE

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