Juicio en Marsella a agriculores por importar de España pesticidas prohibidos en Francia

París, 12 ene (EFE).- Seis agricultores del sureste de Francia comparecen a partir de este lunes ante el Tribunal Correccional de Marsella por haber comprado y utilizado pesticidas prohibidos en Francia, junto al proveedor que se los suministraba, que los importaba sobre todo desde España, donde se comercializaban.

La principal prueba de acusación son los 3,5 toneladas de productos fitosanitarios importados sin autorización en Francia entre 2018 y 2024, que se requisaron en varias explotaciones de los departamentos de Bocas del Ródano (en Arles, Saint Étienne du Grès y Rognonas) y de Drôme.

Se los había suministrado un intermediario que ya había sido condenado en un caso similar que se había juzgado en Normandía, y que fue condenado entonces a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y 50.000 euros de multa.

Entre los cargos a los que se enfrentan durante los tres días de audiencia prevista está el de falsificación de las facturas, en las que los productos se presentaban como «abonos», y también el de importación y venta de productos fraudulentos que habían llegado principalmente de España, pero también de Grecia o de Rumanía.

La ONG ecologista Francia Naturaleza Medio Ambiente (FNE) explicó que los investigadores que analizaron los productos incautados descubrieron que contenían en particular carfentrazone-ethyle, «un herbicida calificado como muy tóxico para los organismos acuáticos y susceptible de causar efectos nefastos a largo plazo en el medio ambiente».

Esos pesticidas se utilizaron en una amplia variedad de cultivos, como melones, lechugas, tomates, trigo, arroz, alcachofas, manzanas o peras en una extensión de cerca de 4.000 hectáreas, según la asociación.

Para FNE y otras organizaciones ecologistas y sindicatos agrícolas que se constituyeron en acusación particular, su uso representa un riesgo para la salud de los trabajadores agrícolas, para las personas que viven junto a las explotaciones tratadas, para la biodiversidad, así como para la calidad del suelo y del agua.

Judith Sebert, experta legal de esta ONG, dijo en declaraciones al canal France 3 que su objetivo es «disuadir a otras redes a lanzarse a este comercio ilegal y nocivo», e insistió en que este caso pone en evidencia «una falla en la reglamentación europea» porque un producto considerado peligroso en Francia estaba «en venta libre» en España.

Por eso FNE insistió en la necesidad de «una armonización» a escala europea.

El sindicato Confederación Campesina, que también se ha constituido en acusación particular, querría que se prohibiera la comercialización en Francia de alimentos que en su elaboración han sido tratados con sustancias que no están autorizadas en el país. EFE

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