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La CE expedienta a España y 21 países más por no trasponer norma de pruebas electrónicas

Bruselas, 27 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este viernes un expediente a España y otros 21 países de la Unión Europea (UE) por no haber traspuesto íntegramente la directiva comunitaria sobre pruebas electrónicas, que facilita a jueces y fiscales el acceso a datos para investigaciones penales.

El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que ha enviado una carta de emplazamiento a España, además de a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

La directiva en cuestión ofrece a las autoridades nacionales una vía fiable para obtener pruebas electrónicas de los proveedores de servicios de la UE, incluso si estos tienen su sede en un tercer país, recordó la Comisión.

Así, al respaldar la labor de las autoridades judiciales y policiales, contribuye a reforzar la seguridad de los ciudadanos de la UE.

En virtud de esa legislación, todos los proveedores de servicios en la UE deben designar a un representante legal o un establecimiento para recibir, atender y ejecutar las solicitudes de obtención de pruebas electrónicas presentadas por las autoridades policiales.

De ese modo, los fiscales o los jueces de la UE pueden obtener rápidamente datos relevantes para investigaciones o procedimientos penales de una empresa con sede fuera de la UE poniéndose en contacto con su representante legal en la Unión.

La Comisión apuntó que los Estados miembros tenían hasta el 18 de febrero de 2026 para trasponer la directiva a su legislación nacional pero que, hasta la fecha, los países mencionados no han comunicado su trasposición completa.

A continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos meses para responder a Bruselas, completar la trasposición de la directiva y notificar sus medidas a la Comisión.

Si no recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado, que es el siguiente paso en un procedimiento de infracción, antes de la remisión del caso al Tribunal de Justicia de la UE. EFE

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