La CIDH pide a Perú medidas urgentes para las víctimas de esterilizaciones forzadas

Lima, 12 dic (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este martes al Estado peruano a tomar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-200).

«La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres», indicó el organismo en la red social X (antes Twitter).

Añadió que ha tomado nota de la sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el auto de apertura de instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades «por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos».

«Preocupan los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas», señaló.

Durante el segundo periodo del gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechuahablantes, pobres y campesinas.

Este caso ha sido abierto judicialmente y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

La semana pasada, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó una petición para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, y declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo devolvió a la etapa de octubre 2018.

La petición fiscal incluía más información y más víctimas que sufrieron esas intervenciones, y el rechazo a esta ampliación generó el rechazo por parte de organizaciones sociales.

«Expresamos nuestra preocupación por la decisión del Poder Judicial de devolver el expediente del caso de esterilizaciones forzadas a la Fiscalía, lo cual representa un grave retroceso en el proceso para la búsqueda de justicia y verdad de las víctimas», sostuvo Amnistía Perú.

Añadió que esta decisión «aleja de la justicia a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, la mayoría indígenas y campesinas, perpetradas hace más de 20 años, en el gobierno de Alberto Fujimori».

«Un nuevo golpe contra la justicia. La decisión de la Corte Suprema es un grave retroceso en los ya 20 años que las víctimas de esterilizaciones forzadas siguen luchando por justicia y sanción a los responsables. ¡Basta de impunidad! Justicia y reparación», dijo la organización feminista Manuela Ramos en la red social X. EFE

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