La Corte Interamericana verá demanda contra Paraguay por condena judicial a un periodista

San José, 18 ago (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará el martes una audiencia por una demanda contra el Estado de Paraguay por violaciones a la libertad de expresión a raíz de una condena judicial de 2001 en perjuicio del director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo.

La audiencia se llevará a cabo en la sede de la CorteIDH, situada en Costa Rica, y están convocados testigos, peritos, así como representantes del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado del Paraguay por violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio de Aldo Zuccolillo.

Los hechos denunciados se remontan al 24 de diciembre de 1998, cuando Juan Carlos Galaverna, entonces senador de la república paraguaya, presentó una querella criminal contra el diario ABC Color y su director Aldo Zuccolillo por los delitos de calumnia, difamación e injuria, alegando que el medio había publicado al menos 15 notas “manipuladoras, mentirosas, distorsionadas y tendenciosas” destinadas a desprestigiarlo y ridiculizarlo.

El 30 de abril de 2001, Zuccolillo fue condenado por los delitos de difamación, calumnia e injuria a la pena de 360 días multa, indica la demanda contra el Estado presentada ante la CorteIDH por la CIDH.

La sentencia fue apelada y el tribunal de apelación resolvió que únicamente se había configurado el delito de difamación y aumentó el monto de la multa, pero el querellante interpuso un recurso de casación ante el cual, el 28 de diciembre de 2005 la Sala Penal de la Corte Suprema calificó de nuevo los hechos como constitutivos de tres delitos: difamación, calumnia e injuria y le impuso la pena adicional de pago de la “composición”.

En la demanda contra el Estado, la CIDH argumentó que las críticas formuladas por Zuccolillo versaban sobre asuntos de evidente interés público, pues aludían a posibles actos de corrupción de un senador, por lo que estaban especialmente protegidas en una sociedad democrática, por lo que el derecho penal no resultaba aplicable.

Tras la audiencia que se llevará a cabo el martes, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH y, a partir de entonces, el tribunal podrá emitir un fallo en los siguientes meses. EFE

dmm/rao/psh