La Fiscalía de Perú rechaza que la Policía controle la investigación de todos los delitos

Lima, 29 ago (EFE).- La Junta de Fiscales Supremos de Perú declaró este jueves que es «insostenible» que se pretenda atribuir a la Policía Nacional la investigación de todos los delitos en su país, tal como plantea un proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso, porque contradice las funciones del Ministerio Público establecidas en la Constitución.

En un pronunciamiento televisado, el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, acompañado por los fiscales supremos, se refirió al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales.

Señaló que este proyecto contradice el artículo de la Constitución que establece como atribución del Ministerio Público la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la Policía Nacional de cumplir sus mandatos.

Bajo el nuevo proyecto de ley, que aún está pendiente de una segunda votación, se encarga la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional y obliga a los fiscales a realizar todas las diligencias preliminares por intermedio de ella, expresó.

«Se evidencia que el propósito es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional», aseguró Villena, tras lo cual remarcó que esto «colisiona con la autonomía, la separación de poderes y la verdadera democracia».

El fiscal general añadió que resulta «insostenible» que se pretenda atribuir a la Policía Nacional la investigación de todos los delitos porque no tiene la capacidad profesional ni los recursos logísticos para cumplir estas labores.

Asimismo, manifestó sus dudas de que la Policía pueda investigar, de ser el caso, a un presidente de la República, los ministros o a los congresistas, y pidió a la ciudadanía que se mantenga vigilante ante «este continuo y progresivo debilitamiento institucional», que repercute en el «descrédito» del país.

Villena añadió que la comunidad internacional sigue con atención y preocupación esta «organizada y secuencial política legislativa» que «termina favoreciendo a la impunidad».

Recordó que el Ministerio Público ya ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por otros decretos similares y que esta máxima instancia ha reconocido las competencias de la Fiscalía. EFE

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