La Fiscalía de Bolivia investiga la muerte violenta de una mujer de 23 años y su hija de 2

La Paz, 22 jun (EFE).- El Ministerio Público de Bolivia investiga el caso de una madre de 23 años y su hija de 2 que murieron degolladas, un suceso que causó indignación en la población y por el que se activaron las alertas migratorias en contra del exnovio de la mujer, quien es el principal sospechoso del suceso.

La Policía Boliviana encontró los dos cuerpos sobre una cama el miércoles en un cuarto que alquilaba el exnovio de la víctima en una zona popular en La Paz, dijo este jueves el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Vega.

Se presume que el hombre las degolló cuando las dos estaban «descansando» y que a pesar de que su relación había terminado hace años, se cree que el «detonante» ha sido la «celotipia», agregó.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Edwin Sarmiento, explicó que la causa de muerte fue un «shock hipovolémico» y que ambos cuerpos fueron degollados.

«Sus heridas son bastantes profundas y es un hecho que conmueve a la Fiscalía y a la sociedad porque realmente hubo mucha violencia en la ejecución de este hecho», lamentó Sarmiento.

El caso se investiga por los delitos de feminicidio e infanticidio en el Ministerio Público, precisó.

La Policía busca al exnovio y se activaron las alertas migratorias para dar con su ubicación.

Sarmiento y la familia de las víctimas pidieron a la población que brinden la información que tengan para poder capturarlo.

Los familiares de la joven comentaron a los medios que el hombre la seguía buscando pese a que ellos terminaron su relación hace un par de años y exigieron que se haga justicia.

La Fiscalía de Bolivia cuantificó 40 feminicidios y 7 infanticidios en el país en lo que va del año, la mayoría de ellos registrados en las regiones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que conforman el llamado eje central del país.

Hace más de una década en Bolivia se aprobó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, entre otros, castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena en el país.

Sin embargo, diferentes organizaciones feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista.

En julio del año pasado el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley para reformar y «fortalecer» esa norma, pero hasta el momento no se ha tratado. EFE

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