La huelga en refinerías, ¿preludio de un otoño caliente en Francia?
La respuesta gubernamental esta semana a una huelga en refinerías desembocó en la convocatoria de un paro generalizado en Francia, donde el presidente liberal Emmanuel Macron enfrenta el riesgo de un estallido social en un clima cada vez más tenso.
«No solo en Esso y en Total hay problemas salariales (…) Es un problema general», advirtió el viernes en la radio France Info el secretario general del sindicato CGT, Philippe Martinez, al defender el llamado a una huelga interprofesional el martes.
Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación para hogares y empresas.
Curtido por la protesta social de los «chalecos amarillos», que sacudió el primer mandato de Macron y cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el gobierno aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.
La inflación en Francia se situó así en un 6,2% en septiembre, más de tres puntos por debajo que en el resto de principales economías de la Unión Europea (UE): Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según la oficina europea de estadísticas Eurostat.
Pero el sentimiento de pérdida de poder adquisitivo –primera preocupación de los franceses en la elección presidencial de abril y las legislativas de junio– se instaló en Francia, donde el principal reclamo sindical es un alza salarial.
«Estas son huelgas ofensivas y ya no defensivas. Por primera vez en mucho tiempo, estamos hablando realmente de un aumento de salarios», explicó a la cadena Public Sénat Sylvain Boulouque, historiador especialista de los movimientos sociales.
Por «ofensivas», el experto entiende que las huelgas buscan un mejor reparto del valor producido por las empresas, y no se limitan a denunciar por ejemplo despidos. El paro en las refinerías de TotalEnergies es en este sentido paradigmático.
– «Un error» –
El gigante francés de los hidrocarburos obtuvo en el primer semestre de 2022 más de 10.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios. Sus empleados en huelga reclaman un 10% de aumento salarial y que los únicos beneficiados no sean sólo los accionistas.
Un 54% de franceses considera legítimo su reclamo, pero dos tercios apoyan las requisas de personal decretadas por el gobierno para frenar el desabastecimiento de combustible que afectó a casi un tercio de las gasolineras, según un sondeo de Odoxa.
«Entiendo el derecho de huelga, pienso que se han hecho esfuerzos, pero Francia está bloqueada. La situación se vuelve tensa», dijo a la AFP Jean-Marc Zéni, un agente inmobiliario, en una de las múltiples filas de espera ante surtidores en París.
Aunque en un primer momento abogó por el diálogo social, las imágenes de automovilistas desesperados y las críticas de inacción por parte de la oposición de derecha y de extrema derecha obligaron a Macron a intervenir y a defenderse.
«Siempre se tiende a pasar la patata caliente al gobierno. [Pero] no podemos remplazar a todo el mundo», aseguró Macron el miércoles por la noche en una entrevista en la cadena France 2, asegurando que la próxima semana «se volvería a la normalidad».
Pero los observadores consideran que fue demasiado tarde. Según un editorial del diario liberal L’Opinion, durante diez días dejó instalarse la idea de que «el poder se desinteresaba de un tema vital para los franceses», «es un error».
– «Evitar acusaciones de autoritarismo» –
La situación dio además argumentos a la oposición de izquierda en su lucha por un impuesto nacional a los «superbeneficios». Este será uno de los reclamos, junto al alza salarial, de la marcha «contra la vida cara» que convocaron el domingo en París.
La perspectiva de un otoño caliente preocupa así al oficialismo, máxime cuando el gobierno podría usar un controvertido sistema para aprobar el presupuesto para 2023 y su polémica reforma de las pensiones sin someterlos al voto de la Asamblea (cámara baja), donde desde junio carece de mayoría absoluta.
El primer intento en 2019 y 2020 de atrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años chocó con la oposición de los sindicatos y generó protestas masivas. Macron ya advirtió, a través del ministro de Trabajo, que si la Asamblea no lo aprueba, la puede disolver.
Pero «la crisis del combustible nos empuja a adoptar una actitud política mucho más comedida» y «evitar acusaciones de autoritarismo», según un responsable del oficialismo. Una fuente gubernamental teme que la «inquietud» cristalice «en un movimiento social».
Para Guy Groux, experto del centro de investigación en política de Sciences Po Cevipof, Francia es un «hervidero» desde hace algunos años, pero que no se traducirá, en cambio, en un gran movimiento social, sino en «muchos estallidos esporádicos».
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