La Justicia de Perú ratifica condena de 28 años por homicidio de cuatro líderes indígenas
Lima, 25 ago (EFE).- La Justicia de Perú ratificó este lunes, en segunda instancia, la condena de 28 años y 3 meses de cárcel contra los cinco culpables del homicidio de cuatro líderes indígenas asesinados en 2014 en la comunidad de Saweto, considerado el mayor crimen contra defensores ambientales en la historia reciente del país.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la región amazónica de Ucayali dictó la sentencia de segunda instancia contra los acusados por el homicidio calificado con alevosía en agravio de los líderes asháninkas Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima.
Sin embargo, el juzgado incremento la reparación civil a 400.000 soles (114.000 dólares o 98.000 euros) en favor de los deudos, el doble de la cifra considerada en primera instancia.
Los condenados por el crimen de Saweto son los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos, así como a Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores, según informaron los medios locales.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali había pedido 35 años de cárcel para los declarados como culpables por la muerte del jefe de la comunidad asháninka Tamaya – Saweto, Edwin Chota Valera, y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.
«Según la acusación fiscal, el 1 de septiembre de 2014, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas», apuntó el Ministerio Público tras la sentencia en primera instancia emitida el año pasado.
Esta condena fue obtenida como parte de un nuevo proceso judicial iniciado en noviembre de 2023, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia por 28 años y tres meses contra los cinco imputados obtenida en primera instancia por el Ministerio Público.
Desde inicios de 2008, Chota denunciaba constantemente la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento central de Ucayali.
En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia asháninka, para reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal.EFE
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