La Justicia ve injustificada la muerte de miembros del IRA en operación militar

Dublín, 6 feb (EFE).- Un tribunal de Irlanda del Norte dictaminó este jueves que la muerte de cuatro miembros del IRA en 1992 por disparos de soldados británicos fue consecuencia de una operación militar que recurrió al uso de «fuerza letal» de manera «injustificada».

El juez forense Michael Humphreys presentó hoy las conclusiones de una investigación especial lanzada en 2023 para esclarecer un suceso que se enmarca en el contexto de la llamada ‘guerra sucia’ desarrollada por las fuerzas de seguridad y las autoridades durante el pasado conflicto en la provincia británica.

En este sentido, el magistrado también concluyó que los informes elaborados por la Policía norirlandesa después del incidente, incluidos los proporcionados al Gobierno, no se correspondían con la realidad, pues sostenían que los soldados y miembros del IRA intercambiaron disparos simultáneos el 16 de febrero de 1992.

Kevin Barry O’Donnell, Sean O’Farrell, Peter Clancy y Daniel Vincent fueron tiroteados ese día por soldados de las fuerzas especiales del Ejército británico (SAS), minutos después de atacar en la localidad de Coalisland una comisaria del Royal Ulster Constabulary (RUC), un cuerpo mayoritariamente protestante y considerado sectario por la comunidad católica hasta su reforma en 1998, tras la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo.

Los cuatro miembros del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) cayeron en una emboscada tendida por esa unidad de las SAS cuando trataban de esconderse en la iglesia de San Patricio de Clonoe, en el condado norirlandés de Tyrone.

En sus conclusiones, Humphreys aseguró que el uso de la fuerza en la emboscada no estaba justificado y que los soldados no creían «honestamente» que era necesario matarlos para «evitar la pérdida de vidas».

Asimismo, criticó la operación militar al considerar que no fue planeada ni controlada con el propósito de minimizar, «en la medida de lo posible», la necesidad de usar «fuerza letal».

Humphreys tampoco aceptó la versión de los militares, que siempre han mantenido que los pistoleros del IRA dispararon en el aparcamiento de la iglesia, y la calificó de «evidentemente falsa».

Respecto a los informes del RUC, el juez forense consideró que el cuerpo «debería haber sabido que los testimonios de los soldados eran falsos», pero «justificó sus acciones» por motivos «obvios».

«Esto, junto con la ausencia de cualquier cuestionamiento de sus acciones por parte de los investigadores del RUC, garantizó que no se pedirían responsabilidades», concluyó Humphreys.

Este y otros sucesos similares alimentaron en aquella época las denuncias del movimiento republicano sobre la existencia de una política extraoficial del Gobierno británico que permitía a las fuerzas de seguridad ‘disparar a matar’ sin temor a las consecuencias. EFE

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