La nueva ley electoral del presidente cambia las reglas del juego en Túnez

Natalia Román Morte

Túnez, 14 dic (EFE).- La nueva ley electoral que regirá las elecciones legislativas anticipadas del próximo sábado en Túnez cambia, según analistas, las reglas del juego político sin consenso con el resto de actores y podría provocar grandes desequilibrios en la representatividad.

Dicho texto, decretado unilateralmente en septiembre por el mandatario Kais Said, ejecuta su proyecto político para poner fin al «simulacro» electoral de la última década y «devolver» el poder al pueblo. Para ello, sustituye las listas de partidos, que considera «obsoletos» y responsables de la actual crisis política, por el voto uninominal a dos vueltas y reduce el número de escaños de 217 a 161.

Los partidos políticos, que sumaban hasta ahora más de 200- pese a que sólo una decena tenía representación parlamentaria- denuncian su «marginalización» al no poder participar ni apoyar candidaturas.

La casi totalidad del espectro político, desde los nostálgicos del antiguo régimen, pasando por los liberales e incluida la izquierda, defienden el boicot a un sufragio calificado de «ilegítimo».

En total, 1.055 candidatos- que contrasta con las 1.600 listas y más de 15.000 candidatos durante los comicios de 2019- aunque siete circunscripciones, todas ellas en el extranjero, no cuentan con ningún participante y en diez de ellas sólo se presenta uno, que será elegido automáticamente.

Una de las principales inquietudes con respecto a la nueva ley es la disparidad entre las diferentes circunscripciones, ahora designadas por barrios, localidades, países e incluso continentes enteros, que podría otorgar mayor peso a regiones menos densas en detrimento de las grandes ciudades.

El principio de paridad entre sexos, recogido en la Constitución y motivo de orgullo nacional hasta ahora, queda relegado y la presencia de 121 candidatas augura una representación simbólica en la futura cámara. En su lugar, sólo se aplica a la recogida de firmas para presentar una candidatura: de los 400 apoyos exigidos, la mitad deben ser mujeres y el 25% menores de 35 años.

«Cuando escuchamos sus programas electorales, con propuestas sobre cómo mejorar las condiciones de un barrio o la gestión de la basura, da la impresión de tratarse de comicios municipales y no legislativos», apunta el politólogo Salim Kharrat, responsable de la ONG Al Bawsala (La Brújula), que supervisó el trabajo asambleario desde el inicio de la transición hasta su suspensión en julio de 2021.

SIN PARTIDOS, SIN BINACIONALES Y SIN APENAS MUJERES

Los criterios para concurrir son ser mayor de 23 años, poseer únicamente la nacionalidad tunecina, carecer de antecedentes judiciales y residir en la circunscripción en la que se presenta. Unas exigencias «discriminatorias», señala el especialista, que excluye a parte de la diáspora tunecina- 1,2 millones- y obliga a demostrar que su origen remonta a al menos dos generaciones en la familia.

Tampoco podrán concurrir los miembros del Gobierno, jefes de gabinete ministerial, magistrados, imanes así como presidentes de instituciones y asociaciones deportivas durante el primer año tras abandonar su cargo.

La supresión de la financiación pública en la campaña electoral es otro de los cambios importantes, por lo que el aspirante deberá aportar sus propios recursos o encontrar mecenas, lo que supone un filtro económico para acceder a la vida política.

La ley introduce además la posibilidad de revocar su mandato en caso de que una décima parte de los electores de su circunscripción consideren que no ha cumplido con los objetivos o que ha cometido un acto que ponga en duda su integridad.

«Esto será un elemento más de inestabilidad porque las condiciones para la revocación no están claras y se convertirá en una espada de Damocles para los diputados que sean realmente íntegros y traten de enfrentarse a las redes de corrupción», asegura el experto.

El Parlamento, clausurado desde hace 14 meses, no abrirá sus puertas antes de marzo de 2023 según el calendario electoral de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), cuya legitimidad ha sido cuestionada después de que el mandatario modificara en abril la directiva del órgano.

En esta última fase de la hoja de ruta de Said, la participación vuelve a ser el centro de todos los interrogantes. En los votos anteriores, la «consulta popular»- encuesta digital para conocer las preocupaciones y propuestas ciudadanas- no alcanzó el 6 % mientras que el referéndum constitucional de julio se acercó al 30%.

Las dificultades económicas y sociales acaparan la atención del electorado, explica Kharrat, que se enfrenta a nuevas subidas de precios, escasez de productos de primera necesidad y la retirada de subvenciones a alimentos y carburantes pero también a medidas liberticidas contra la libertad de expresión y de prensa, dos grandes logros de la revolución tunecina. EFE

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