La pesca irregular en el Atlántico Sur, una «amenaza» que precisa de cooperación regional
Javier Castro Bugarín
Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Cada día, cientos de buques pesqueros navegan por los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina y de otros países ribereños, faenan en aguas internacionales y eluden todo tipo de regulaciones, una «amenaza» en términos económicos, medioambientales y humanitarios que requiere de mecanismos de cooperación regional para «racionalizarse».
Así lo considera, al menos, Eduardo Pucci, abogado especializado en derecho internacional del mar y exsubsecretario argentino de Pesca (1995-1997), quien asegura que «claramente se requiere de cooperación internacional en este ámbito», al tratarse de un área en la que los Estados costeros «no ejercen soberanía».
«Estamos hablando de una libertad de pesca cuya restricción surge, únicamente, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que dice que está sujeta a los intereses, deberes y derechos del Estado ribereño», expone Pucci a EFE.
DOS REALIDADES: PACÍFICO Y ATLÁNTICO
En Suramérica, conviven dos realidades marítimas muy diferenciadas: la del Pacífico Sur, donde existe una «cooperación específica» en materia de «regulación» de las aguas extrajurisdiccionales; y la del Atlántico Sur, que no cuenta con «ningún mecanismo de cooperación» entre los países para combatir o regularizar la pesca en altamar.
«A nivel individual, sí ha habido casos puntuales de cooperación (en el Atlántico Sur). Lo que no ha existido es ese interés común por encontrar la base sobre la cual organizar algo más formal», apunta a EFE Tahiana Fajardo, especialista en derecho marítimo y política pesquera de la organización no gubernamental The Pew Charitable Trusts.
Esta «pesca no reglamentada» de especies como la merluza o el calamar tiene múltiples efectos perniciosos sobre los ecosistemas del Atlántico Sur, al tiempo que abre la puerta a la comisión de posibles delitos relacionados con la actividad irregular en altamar, como son el tráfico de sustancias ilícitas o el trabajo esclavo.
También supone un perjuicio económico para los Estados costeros, especialmente para Argentina, ya que estos buques capturan hasta 800 000 toneladas de recursos pesqueros al año en la frontera de la plataforma continental del país, según estimaciones de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur.
En este contexto, ¿por qué los países de la región no se coordinan en torno a un mecanismo que frene estas actividades y combata la depredación del océano? Para el exsubsecretario de Pesca de Argentina la respuesta está relacionada con la existencia de un «pensamiento axiomático que impide buscar alternativas de solución».
Pucci apunta concretamente a la «disputa» existente entre Argentina y el Reino Unido en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur y cuyo control está en manos británicas desde hace casi doscientos años.
«Eso dificulta que exista voluntad política, porque se privilegia ese objetivo geopolítico y esa política de Estado, resignando las medidas necesarias para ordenar los recursos del Atlántico Sur que, pese a esto, llevan años y años siendo materia de esa pesca no reglamentada», señala el experto.
NECESIDAD DE «VOLUNTAD POLÍTICA»
Como país con la mayor estructura industrial de pesca en el Atlántico Sur, Argentina debería ser «imaginativa» y «no axiomática» a la hora de pensar soluciones en clave regional, puesto que existen «una serie de etapas intermedias» antes de la adopción de legislación internacional vinculante para las aguas internacionales.
«Uno puede coordinar regionalmente mecanismos de lucha contra la pesca no declarada en la región a nivel de autoridades sin necesidad de aspirar en forma inmediata a una regulación del altamar», constata Pucci, agregando que esa coordinación con terceros países ya está prevista en la propia Ley Federal de Pesca de Argentina.
Respecto al caso del Reino Unido, Pucci propone colaborar mediante «los canales adecuados y en los niveles adecuados», así como tener una postura «consciente de los derechos de Argentina, pero a su vez con una visión abierta de qué es lo que está en juego».
«Si lo que está en juego es el ambiente oceánico del Atlántico Sur occidental, obviamente tiene que priorizarse eso y buscarse soluciones, no sentarse a la espera de que se resuelvan los problemas geopolíticos», subraya el exfuncionario, que ve «difícil» la adopción de un mecanismo de cooperación regional por falta de voluntad política.
En este punto, Tahiana Fajardo se muestra más optimista, al entender que la voluntad política se puede fomentar a través del «diálogo abierto y constante» entre los países y la sociedad civil.
«Cuando se actúa como bloque, los resultados y el impacto se exponencian, sobre todo cuando los recursos son limitados. Claro que hay formas, pero hay que sentarse a trabajar», sentencia la especialista. EFE
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