Lafarge condenada por financiar a grupos yihadistas para mantener su actividad en Siria
París, 13 abr (EFE).- La justicia francesa condenó este lunes a la cementera Lafarge y a ocho de sus antiguos responsables por financiación del terrorismo en 2013 y 2014 al haber pagado a grupos terroristas para garantizar el mantenimiento de la actividad en una de sus plantas en Siria en plena guerra.
El Tribunal Correccional de París sentenció a la empresa a la pena máxima que le podía imponer, 1,125 millones de euros y, sobre todo, penas de cárcel para los exdirectivos, en particular al antiguo consejero delegado, Bruno Lafont, con seis años e ingreso inmediato en prisión.
El tribunal también dictó encarcelamiento inmediato para el que era director adjunto, Christian Herrault, con una condena de cinco años.
El Tribunal Correccional de París considera en su sentencia que la compañía francesa, que después ha sido absorbida por la suiza Holcim, pagó el equivalente de cerca de 5,6 millones de euros a organizaciones como el Estado Islámico, un dinero que sirvió para la preparación de acciones terroristas.
La presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, indicó que esa financiación permitió al Estado Islámico aprovecharse de los recursos naturales de Siria para financiar atentados tanto en ese país, como en Europa.
La presidenta reprochó a Lafarge haber establecido «una verdadera cooperación comercial con el Estado Islámico» e hizo notar que en los mensajes internos se hablaba de «negociaciones» y de «acuerdos», lejos del discurso de haber sido víctimas de chantaje que mantuvieron los acusados cuando se sentaron en el banquillo.
En el centro del juicio que se celebró a finales del pasado año estuvo la planta de producción de cemento de Jalabiya, en cuya construcción Lafarge había invertido cerca de 700 millones de euros poco antes de que estallara la guerra en Siria.
Los abogados de la empresa, aunque subrayaron el arrepentimiento por lo ocurrido, trataron de convencer al tribunal (sin éxito) de que su decisión de que las instalaciones siguieran en funcionamiento se tomó no por voluntad de sacar beneficios a toda cosa, sino sobre todo para preservar a los empleados.
Una tesis que no convenció ni los jueces ni a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), que había solicitado las penas máximas posibles y «ejemplares» por considerar que lo que había primado era un objetivo «mercantil» a costa de «financiar organizaciones terroristas».
Pese al dinero pagado, la planta de Jalabiya fue finalmente evacuada por la empresa de forma precipitada el 18 de septiembre de 2014, un día antes de que cayera en manos de los yihadistas. EFE
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