Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron un 62 % en 2025
Caracas, 29 abr (EFE).- En Venezuela hubo 238 violaciones a la libertad de expresión el año pasado -la mayoría de ellas por intimidación-, lo que representa una reducción del 62 % con respecto a 2024, cuando se registraron 619, según el informe anual de la ONG Espacio Público difundido este miércoles.
Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, indicó durante la presentación del boletín en Caracas, que esta reducción es consecuencia de la «ola represiva» que se registró durante 2024 tras las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras la oposición denunció fraude.
Durante 2025, la intimidación se posicionó como el tipo de violación más frecuente (33,1 %), seguido de la censura (26,4 %), hostigamiento judicial (14,7 %), restricción administrativa (13 %), hostigamiento verbal (6,7 %) e intimidación (5,8 %).
En relación a las víctimas, Rodríguez dijo que los periodistas y trabajadores de la prensa ocuparon el primer lugar (34 %), seguido de particulares -infociudadanos o activistas- (21,7 %), medios de comunicación (13,1 %), ciudadanía en general (11,6 %), páginas o plataformas web (9,3 %), camarógrafos (3,8 %), ONG (3 %), reporteros gráficos (1,5 %) y trabajadores públicos (1,5 %).
Espacio Público registró entre los victimarios a instituciones del Estado (43,6 %), cuerpos de seguridad (29,6 %), operadoras privadas (15,1 %), funcionarios (7,5 %), grupos violentos (1,7 %), desconocidos (1 %).
La activista explicó que los «particulares» son cada año más afectados por ejercer libremente su libertad de expresión o, incluso, por compartir contenido de interés público en redes sociales «sin estar mediado por opiniones políticas».
«Simplemente el hecho de compartir información de interés público puede ser causa de algún proceso de amenaza, intimidación o de tensión», explicó.
Asimismo, la ONG registró el cierre de siete emisoras de radio en 2025 en los estados Bolívar (sur), Portuguesa (centro), Lara (oeste) y Sucre (noreste), lo que afecta aún más el ecosistema de medios que quedan en el país suramericano.
En 2025, señaló Rodríguez, documentaron la detención arbitraria de 44 personas, de las cuales 24 eran particulares y 19 periodistas.
Al menos 14, prosiguió, fueron procesados por delitos de incitación al odio, que es un cargo que se ha usado desde el año 2017 «para básicamente criminalizar a la denuncia pública o temas de interés público».
Por esto, el director de Espacio Público, Carlos Correa, exigió la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia «que se utiliza sistemáticamente para criminalizar». EFE
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