Madres de jóvenes ejecutados en Colombia dan informe sobre búsqueda de verdad

Bogotá 16 mar (EFE).- Las madres y familiares de «falsos positivos», como se conoce en Colombia las ejecuciones de jóvenes inocentes a manos del Ejército, entregaron hoy a varios organismos de paz un informe en el que narran su larga e histórica búsqueda de verdad y memoria.

«Con la mano en el alma, pido justicia. Que nos entreguen a la persona que realmente le segó la vida a mi hijo», explicó durante el acto de entrega Flor Hilda Hernández, madre de un joven desaparecido en 2008.

«Para mí es muy triste que en 13 años nadie haya respondido por la muerte de mi hijo», lamentó.

Las mujeres, reunidas en la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), entregaron este martes el informe «Unidas por la memoria y la verdad» a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), quien recientemente elevó el número de víctimas de «falsos positivos» en uno de sus macrocasos a 6.402, el triple de la cifra contabilizada hasta entonces por la Fiscalía.

En el informe, el segundo que presentan ante la JEP, detallan la larga lucha por encontrar a sus hijos, llevados por el Ejército bajo ofertas de trabajo y ejecutados en otras regiones para presentar mejores resultados a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

«Queremos que altos mandos nos den la cara, que nos cuente qué pasó con nuestros familiares, que nos cuenten quién dio la orden», pidió otra de las mujeres, Jacqueline Castillo, quien explicó que «queremos que juntas y juntos seamos partes de la verdad histórica que necesita nuestro país».

Estas incansables madres han ejercido de periodistas, investigadoras y sus propias psicólogas, como explicó Castillo. Han realizado todo tipo de acciones para llamar la atención sobre su causa y han llegado a vender sus casas para poder continuar la búsqueda de sus familiares.

También se enfrentaron a las amenazas de un Gobierno que, según advierten, no quiso y sigue sin querer reconocer la verdad, y de otros organismos que ayudaron a que estos hechos sucedieran.

El Ejército y el Estado les ha dado la espalda, como vienen denunciando, y sus denuncias se han quedado paradas en tribunales, en donde han conseguido alguna condena pero contra bajos cargos.

En julio de 2019, la JEP, el tribunal de paz creado en los acuerdos del 2016, abrió el Caso 3, que corresponde a «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General que entonces indicaba que hubo un total de 2.248 víctimas de «falsos positivos» entre 1988 y 2014.

El pasado febrero esta jurisdicción transicional estableció que por lo menos 6.402 personas resultaron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, situando la mayoría de casos durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

«Le damos gracias a la JEP porque es la entidad que ha abierto una ventanita pequeña que se va abriendo mucho más cada día», explicó otra de las integrantes de Mafapo, Blanca Nubia Monroy.

TEJER MEMORIA

Las mujeres de Mafapo, también conocidas como madres de Soacha, por la cantidad de casos que se dieron en este municipio vecino de Bogotá, se congregaron esta mañana ante la JEP para denunciar su situación, con varios telares bordados con las operaciones militares que se llevaron a sus hijos para «tejer la memoria».

También portaron mascarillas y carteles con el famoso afiche que pregunta «¿quién dio la orden?», con las caras de varios militares y excomandantes del Ejército a los que se les atribuyen algunas de las ejecuciones.

El mismo mural que fue pegado hace una semana en un muro de Bogotá y vandalizado menos de 48 horas después.

«Es muy importante para nosotros dar a conocer esa cifra (los 6.402 falsos positivos) porque es la manera que estamos demostrando que sí fueron hechos reales y no casos aislados como se habló en el 2008 y que realmente esto se trató de una práctica sistemática», explicaba a Efe Castillo.

Castillo también adelantó que en su agenda de memoria y búsqueda de verdad planean realizar un «botatón» el próximo 9 de abril para recoger 6.402 botas, prenda que les ponían a los jóvenes tras ejecutarlos para hacerles pasar por exguerrilleros, y luego el 30 de agosto ponérselas a 6.402 jóvenes que harán una hilera humana en una de las principales vías de la ciudad. EFE

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