Consejo marroquí de DD.HH inquieto por el encarcelamiento de blogueros
Rabat, 06 may (EFE).- El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, oficial) expresó hoy su preocupación por el encarcelamiento y juicio de varios blogueros en la presentación de su informe sobre la situación de derechos humanos en 2020.
“El consejo expresa su preocupación por la condena de algunos blogueros con penas privativas de libertad, cuando se trata de modos de expresión protegidos en el sistema internacional de derechos humanos”, recoge el informe que fue presentado hoy en Rabat por la presidente del consejo, Amina Buayach.
El consejo (órgano de carácter consultivo) indicó haber seguido los casos de algunos blogueros y youtubers como “Mi Naima” condenada en marzo de 2020 a un año de prisión por negar la existencia de la pandemia, antes de ver reducida su pena a tres meses en apelación.
Entre otros casos citados en el informe figura la condena en enero de 2020 al rapero Hamza Asbaar, alias Stalin, a 4 años de prisión antes de bajarla a ocho meses, acusado de ofensa a instituciones constitucionales por una canción en la que critica el poder, así como el youtuber conocido como “Moul Hanout” condenado en enero de 2020 a tres años de cárcel por publicar vídeos que critican la corrupción en el país, entre otros casos.
El CNDH recordó también que las redes sociales son foros de expresión libre y de información, pero añadió que pueden constituir también un obstáculo ante esta libertad cuando difunden la desinformación.
Al mismo tiempo, el consejo llamó la atención de que los legisladores eliminaron las penas de cárcel en el Código de Prensa, pero “estas garantías no engloban todos los casos de edición en su sentido amplio, y concretamente en las redes sociales ante la ausencia de dispositivos legales” al respecto.
Y llamó a armonizar toda la normativa relacionada con la libertad de expresión en el Código Penal con los convenios internacionales.
Por otra parte, el CNDH criticó el arresto de personas y su persecución judicial por haber violado el estado de emergencia entre el 21 y 24 de marzo, durante el confinamiento impuesto en el país en prevención contra el coronavirus (así, entre marzo y octubre pasado 98.000 personas comparecieron ante la Justicia por no llevar la mascarilla obligatoria).
El consejo señaló que estas persecuciones “constituyen una violación de la Constitución y de los dispositivos del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos”. EFE
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