Mayor central obrera argentina pide a Justicia declarar inconstitucional nueva ley laboral
(añade presentación de demanda por parte de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado)
Buenos Aires, 2 mar (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, presentó este lunes un recurso ante la Justicia para que declare «inconstitucional» la ley de reforma laboral, aprobada el pasado viernes por el Parlamento.
La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, quien aún debe promulgar la norma para su entrada en vigor, introduce drásticos cambios en las relaciones laborales.
La nueva ley cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciéndolas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportaciones mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra, y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que empeoran las condiciones del trabajador.
En el contexto de una movilización de cientos de personas hacia el Palacio de Tribunales, en el centro de Buenos Aires, los dirigentes de la CGT presentaron escritos en los tribunales del fuero Laboral y Contencioso Administrativo.
Sobre un escenario montado frente a la sede de los tribunales, los dirigentes sindicales leyeron un documento en el que aseguraron que la reforma laboral retrotrae el marco legal a «épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud», y que «significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales».
Afirmaron también que la reforma resulta inconstitucional porque vulnera dos pilares del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución argentina: el principio de progresividad, que impide al Estado adoptar medidas que impliquen un retroceso injustificado en los derechos ya reconocidos, y el «principio protectorio», que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y obliga a brindar tutela especial a la parte más débil de la relación laboral.
«La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto», dijo Jorge Sola, uno de los tres dirigentes que integran la conducción de la CGT.
La de este lunes fue la segunda movilización de la CGT frente a Tribunales durante el Gobierno de Javier Milei.
La primera se celebró a fines de diciembre de 2023, poco después de la asunción del presidente, en el marco de la aprobación de la Ley Bases, cuyos capítulos laborales finalmente fueron anulados por la Justicia.
A diferencia de la huelga general convocada del pasado 19 de febrero por la CGT, cuando se debatió la ley en la Cámara de Diputados, algunos gremios del Frente Sindicatos Unidos -como la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Aceitera y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas- no participaron este lunes de la movilización de la CGT.
En paralelo, sindicatos docentes realizaron este lunes un paro nacional en reclamación de una subida de salarios y en protesta por el recorte presupuestario educativo y marcharon hacia el Congreso.
Demanda judicial colectiva
Además de la presentación realizada por la CGT, este lunes la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) presentó ante la Justicia una demanda colectiva en contra de la reforma laboral.
«Hemos presentado una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la llamada ley de modernización laboral. Se trata de una demanda colectiva que busca proteger a nuestros afiliados y a la abogacía pública, afectada por las restricciones en los derechos laborales que esta norma implica», dijo Roberto Álvarez, secretario adjunto de la AGAE.
El letrado alegó que la reforma «vulnera el artículo 14 bis de la Constitución argentina, que protege al trabajador contra el despido arbitrario y garantiza condiciones dignas de trabajo, tutela judicial efectiva y descanso anual remunerado».
«Además contradice tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo», añadió el abogado. EFE
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