Migrantes españoles en Países Bajos: promesas falsas, condiciones abusivas y casa precaria

Imane Rachidi

Utrecht (Países Bajos), 24 nov (EFE).- Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados califican de explotación encubierta.

Luis Pereira, 26 años, llegó por su cuenta desde su A Coruña natal. Tras seis meses en un primer empleo, cambió a otra agencia atraído por “dos euros más la hora” en un trabajo de movimiento de carga en el aeropuerto, y ahí descubrió el resto: “Me bloqueaban el registro municipal, retrasaban los trámites, escondían información”, relató a EFE al término de su jornada.

Vivía en una residencia con habitaciones de apenas 5 metros cuadrados y ducha compartida entre diez personas. El empadronamiento lo convierte en un ciudadano más de Países Bajos, con obligaciones para la empresa, y derechos para el trabajador, incluidas ayudas al seguro médico para salarios bajos como el suyo, cursos de neerlandés para integrarse en la sociedad, y protección social.

Pero, cuando intentó empadronarse, la agencia paralizó su petición y cerró su contrato justo antes de finalizar cuatro meses, el límite que permite a un trabajador no constar en el padrón municipal como residente y periodo en el que está totalmente desprotegido.

Su problema es el de tantos migrantes que acuden a Países Bajos atraídos con promesas de sueldos dignos y derechos laborales: firmó el contrato de trabajo y de alquiler en un único documento, lo que lo dejaba automáticamente en manos de la agencia. “Pueden manejarte mucho mejor, porque al final ellos contratan horas, no personas”, dice Luis, apuntando a que “si pierdes las horas, pierdes la casa”.

«Hostal destartalado»

Valentín Fuentes del Burgo (34 años, Ciudad Real) llega a la entrevista acompañado de compañeros españoles en su misma situación, para hablar con EFE antes de empezar su turno nocturno de trabajo.

Cuenta un patrón similar al de Luis: reclutado con porcentajes falsos de salario y promesas de trabajos “sin esfuerzo físico”, dejó un empleo estable en España, pero al llegar a Países Bajos se encontró cargando cajas pesadas ocho horas diarias y cobrando “dos veces menos de lo prometido”. Intentó pedir explicaciones, pero “siempre excusas, nunca claridad”, lamenta este padre de una niña que llegó buscando un sueldo digno.

Describe que su alojamiento era parecido a un “hostal destartalado”: basura en las habitaciones, ventanas bloqueadas, hacinamiento y un coordinador que funcionaba “como un matón”. Explica que la agencia controlaba horarios, seguro médico y hasta el acceso a un médico: “Tienes seguro, pero no sabes cuál. Si te pasa algo, dependes de que te contesten un email”, dice.

Cuando fue a pasar unos días en un hotel con su madre, que le vino a visitar, la agencia le bloqueó la puerta y lo dejó sin casa y sin empleo.

La federación de sindicatos neerlandeses FNV confirma esta cadena “caótica” de unos 800.000 trabajadores migrantes, principalmente europeos, explotados en horticultura, logística, construcción o mataderos, la mayoría contratados a través de una de las 20.000 agencias temporales.

El presidente del FNV, Dick Koerselman, sostiene que la dependencia es deliberada: salarios bajos, deducciones altas, viviendas precarias y contratos breves que impiden acumular derechos. “Si se quejan, los sacan del trabajo, pierden la casa, y acaban en la calle”.

Imágenes recopiladas por el FNV muestran piernas de un trabajador cubiertas de picaduras de chinches, colchones sucios tirados en el suelo, habitaciones que parecen garajes o naves industriales, humedades, cámaras de videovigilancia dentro del alojamiento y, en general, condiciones claramente insalubres.

Sin derechos mínimos

Eva González Pérez, abogada hispano-neerlandesa, documenta desde 2022 los mismos patrones: horas no pagadas, deducciones ilegales, viviendas inadecuadas, habitaciones compartidas por varias personas, agencias que impiden el registro y trabajadores sin derechos mínimos.

Muchos no denuncian por miedo a perder empleo, vivienda y seguro médico a la vez, dice. Otros ni siquiera tienen número de identificación, y no pueden acceder a servicios básicos ni asistencia jurídica: permanecen invisibles en el sistema.

Esta abogada fue la primera en dar la voz de alarma sobre el caso que costó a Mark Rutte su tercera legislatura en 2021 por discriminación de la agencia tributaria contra decenas de miles de padres acusados sin fundamento de fraude fiscal.

González Pérez ve similitudes entre ambos casos: la dejadez del gobierno ante un secreto a voces. Describe traslados diarios de más de 200 kilómetros entre vivienda y empleo para impedir que los trabajadores se integren en su entorno o conozcan sus derechos, y relata instrucción directa a trabajadores para mentir al ayuntamiento: “Les dicen que no digan que llevan más de cuatro meses”.

La Inspección de Trabajo reconoce desde hace años que no logra controlar el sistema, que casi ningún caso acaba en sanción y las víctimas no reciben protección. Mientras, el número de trabajadores migrantes sin hogar crece: ya son unos 10.000, el 60 % del total de personas que viven en la calle, según el Ejército de Salvación.

Luis y Valentín insisten en lo mismo: “Quien venga tiene que saber a qué se enfrenta”, un sistema donde su vida laboral y sus derechos más básicos dependen del mismo intermediario, y donde una queja puede traducirse en perderlo todo en un día. EFE

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