Oenegés piden investigación internacional sobre DDHH en China a 10 años de redada ‘709’

Pekín, 9 jul (EFE).- Una treintena de oenegés instaron a la comunidad internacional a promover una investigación internacional independiente sobre la situación de los derechos humanos en China, coincidiendo con el 10º aniversario de la ‘redada 709’, una represión contra abogados de derechos humanos en la que cientos de letrados fueron interrogados o detenidos.

En una declaración conjunta, las entidades firmantes señalaron que desde la operación policial lanzada el 9 de julio de 2015, que afectó a más de 300 personas, no se ha producido ningún tipo de rendición de cuentas por parte de las autoridades chinas.

Aseguraron que esta ausencia de responsabilidad ha contribuido, en su opinión, a que se mantengan las restricciones a la sociedad civil y a que se reproduzcan prácticas similares en otros contextos.

La operación, que comenzó con detenciones simultáneas en distintas provincias, tuvo como objetivo a abogados, activistas y otros ciudadanos implicados en la defensa legal de derechos civiles.

En los meses posteriores, varios de los arrestados fueron objeto de desapariciones forzadas y condenas a penas de entre tres y ocho años de prisión. Entre las personas condenadas figuraban tanto profesionales del derecho como ciudadanos que realizaban tareas de apoyo.

Las organizaciones denunciaron además la aplicación de medidas contra familiares de los detenidos, como la vigilancia policial o restricciones de movilidad, así como el uso de mecanismos de detención extrajudicial.

El informe señala que algunos de los afectados fueron recluidos bajo la figura de «vigilancia domiciliaria en lugar designado», calificada como forma de desaparición forzada por expertos de la ONU.

«El impacto de ‘709’ en mí está en todas partes. Hay cámaras instaladas fuera de la entrada de nuestra empresa. No puedo conseguir un trabajo. Nos echaron de nuestra casa de alquiler después de que la policía les dijera a los vecinos que éramos ‘traidores'», asegura uno de los afectados, citado en el documento.

El documento recuerda que, antes de 2015, numerosos abogados defendían casos relacionados con libertad de expresión, creencias religiosas, salud pública o corrupción, y que muchos de ellos invocaban principios recogidos en tratados internacionales ratificados por China y en la propia legislación nacional.

Entre sus demandas figuraban reformas como la eliminación de sistemas de detención administrativa o la modificación del sistema de registro de domicilio.

La declaración cita, sin identificarlas, varias voces de personas afectadas directa o indirectamente por la campaña, que apuntan a las consecuencias que tuvo sobre sus familias, su salud mental o su acceso al empleo y la vivienda: «El trastorno de estrés postraumático ha tensado a la familia; todos tienen diversos grados de ansiedad y depresión», declara un perjudicado.

También afirman que, en los años posteriores, las autoridades introdujeron cambios normativos que restringieron aún más el ejercicio de la abogacía, entre ellos mecanismos para suspender o retirar licencias profesionales.

Entre los firmantes de la declaración figuran entidades como Human Rights Watch, Freedom House, Amnistía Internacional, Lawyers for Lawyers, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) o la Red Internacional de Derechos Humanos en China. EFE

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