ONG acusa a Jordania de detener a 2.500 personas en protestas contra la guerra en Gaza

El Cairo, 22 may (EFE).- El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, en inglés) criticó este miércoles a las autoridades jordanas por ampararse en la ley para «atacar a los participantes en las manifestaciones pacíficas» y realizar «detenciones arbitrarias» en las protestas en apoyo a Palestina.

«Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una gran ola de arrestos que superan los 2.500 ciudadanos detenidos», la mayoría de los cuales son «manifestantes pacíficos, activistas y algunos transeúntes» aseguró en un comunicado el GCHR.

De ellos, unos 500 manifestantes fueron detenidos desde marzo tras las multitudinarias protestas ante la embajada israelí en Amán.

Un gran número de ellos, sin embargo, fueron liberados poco después, no sin antes «haber sido amenazados por las autoridades para que no realizaran ninguna actividad significativa online o en las calles», añadió la organización.

En una declaración al GCHR, una de las manifestantes acusó a la policía de acorralar a los participantes en las protestas para «impedir que las multitudes se movieran», un método que «contribuye a crear un estado de pánico, especialmente entre las mujeres y los ancianos», añadió.

Entre los detenidos se encontraba el activista sindical Maysara Malas, puesto en libertad el pasado 16 de mayo, y quien alegó que no había justificación legal para su arresto y que su participación en actividades pacíficas estaba dentro de la ley.

De la misma forma, las autoridades jordanas continúan con el proceso de deportación sin orden judicial de un estudiante sirio y solicitante de asilo que fue arrestado el pasado 9 de abril en Amán cuando se dirigía junto a un amigo a grabar una manifestación en solidaridad con Gaza.

La Ley de Prevención del Delito de Jordania de 1954 otorga a los gobernadores administrativos la autoridad para detener personas mediante órdenes administrativas, con escasa posibilidad de impugnar dichas detenciones, lo que les ha permitido eludir la supervisión judicial y el proceso de justicia penal. EFE

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