Organizaciones de Angola piden que se compense a las víctimas de la represión policial
Nairobi, 7 nov (EFE).- Tres organizaciones de la sociedad civil de Angola tildaron de «terrorismo de Estado» la dura represión de las protestas contra el aumento del precio del combustible sucedidas en el país el pasado julio, en las que murieron al menos 30 personas (incluyendo un policía), y exigieron una investigación y compensación para las víctimas.
«Lo que ocurrió en Angola los días 28, 29 y 30 de julio no fue solo represión, fue una demostración brutal de que el Estado sigue tratando a sus ciudadanos como enemigos», afirmaron en un informe difundido a última hora del jueves las oenegés Mudei, Handeka y Mizangala Tu Yenu Kupolo.
La capital angoleña, Luanda, fue escenario de manifestaciones contra la subida del precio del combustible durante varios sábados seguidos el pasado julio, antes de la convocatoria para las citadas fechas de una huelga total de miniautobuses colectivos privados -conocidos localmente como taxis o ‘candongueiros’-, que son el medio habitual de transporte para gran parte de la población.
Aunque la huelga fue cancelada la noche del 28 por la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (Anata), que condenó los actos violentos y de vandalismo, las movilizaciones se mantuvieron.
La Policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, aunque medios locales también reportaron el uso de munición real, algo que la Policía evitó confirmar entonces.
Aunque el informe hace referencia a las cifra de 22 muertos ofrecida por el Ministerio angoleño del Interior cuando ocurrieron los hechos, la Policía cifró entonces los fallecidos en 30, incluyendo a un agente, cerca de 280 heridos y más de 1.500 detenidos.
«Matar a menores, arrestar a trabajadores y ciudadanos inocentes, torturar a activistas y hacer desaparecer a jóvenes no es mantener el orden: es terrorismo de Estado», señalaron las organizaciones.
Las ONG exigieron «la apertura inmediata de investigaciones independientes sobre todas las muertes, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas» ocurridas en estas tres jornadas y en las semanas posteriores, así como que los agentes y los mandos políticos implicados rindan cuentas ante la Justicia.
También pidieron la «reparación integral de las víctimas y sus familias» y que se refuercen los «mecanismos de control civil» y la supervisión pública sobre las fuerzas de seguridad.
«Este informe se enfrenta a un reto insuperable, que es el de documentar todos los casos de abusos ocurridos en ese corto espacio de tiempo, por múltiples razones, de contexto y de disponibilidad de recursos», lamentaron.
Las movilizaciones fueron convocadas después de que, a principios de julio, el Gobierno angoleño elevara el precio del diésel, el combustible más usado para el transporte colectivo, de 300 kwanzas (0,29 euros) a 400 kwanzas (0,37 euros) por litro, lo que supone un incremento de más del 30 %. EFE
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