Organizaciones de Ecuador piden participar en construcción de Ley de Transparencia Social

Guayaquil (Ecuador), 21 ago (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de Ecuador pidieron este jueves a la Asamblea Nacional (Parlamento) poder ser parte de la construcción de la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa, normativa con la que el Gobierno busca, por medio de la regulación de entidades sin fines de lucro, controlar el flujo irregular de capitales.

Según dijo el mandatario antes de presentar la iniciativa, estas organizaciones son utilizadas en algunas ocasiones para «ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control financiero» y que se habían vuelto «un mecanismo que impulsa la criminalidad y la minería ilegal».

Sin embargo, una treintena de estos organismos mostraron este jueves su preocupación por disposiciones presentes en la normativa que se discute en una comisión legislativa, ya que «siguen resultando desproporcionadas frente al fin perseguido».

Mencionaron que, por medio de esta ley, se habilitarían «controles y sanciones que podrían afectar la vida interna y la continuidad de organizaciones debidamente constituidas bajo la norma requerida en el país».

«La propuesta de ley deja a la discrecionalidad de la autoridad el cierre de organizaciones. En este caso, resulta fundamental que dichas la disposiciones sean claras y precisas y no ambiguas y abiertas al criterio de la o el funcionario de turno», detallaron los grupos en una rueda de prensa.

Por ello, pidieron que haya un diálogo en el que participe también la academia y organismos especializados, con el objetivo de pulir el articulado y su reglamentación.

Las organizaciones temen que esta normativa pueda ser utilizada como un instrumento de persecución, ya que, aseguraron, se ha empezado a instaurar la idea de que la sociedad civil es un factor clave en el lavado de activos en Ecuador.

César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), aseguró que en medio del debate de este proyecto de ley «se han soltado cifras que no tienen ningún sustento».

«Se ha señalado una cifra que es escandalosa, que está en torno a los 30.000 millones de dólares lo que se estaría lavando en el Ecuador en este momento, que al lanzarla en este contexto se intenta crear la narrativa de que las organizaciones de la sociedad civil estamos lavando de forma generalizada y que lavamos 30.000 millones de dólares», aseguró, en referencia a unas declaraciones que hizo días atrás la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno.

Ricaurte dijo que los legisladores y el presidente Noboa «deberían explicar cuál es la real intención de enviar este proyecto de control de la sociedad civil cuando ya en el país hemos tenido situaciones en las que se ha tratado de aplastar el espacio cívico».

Y que el Estado tiene actualmente «herramientas suficientes» para «ejercer un control efectivo sobre las actividades de la sociedad civil».

El directivo de Fundamedios aseguró que conoce que hay muchas organizaciones que en este momento ya están siendo sometidas a estrictos controles sin necesidad de esta normativa.

«Esta no es una ley que vaya dirigida a controlar el lavado de activos, la sociedad civil no lava activos, no es un sector criminal y no tienen por qué tratarnos así y levantar sospechas sobre todos», añadió Ricaurte, al tiempo que revindicó que representan un «valor enorme en la sociedad», pues hacen «aportes esenciales a la vida social y económica del país».

Las organizaciones dijeron que esperaban que, de aprobarse, esta normativa mantenga los puntos que creen que son positivos, como la presunción de buena fe organizativa, el principio de proporcionalidad y un enfoque basado en riesgo que orienta controles con evidencia, pero que evite «tener enfoques punitivos o generalistas que castigan a todo el sector por conductas no probadas». EFE

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